Mario, de 84 años, fue estafado por «Luciana», una novia virtual que lo convenció de invertir sus ahorros en una plataforma online supuestamente rentable. En cuatro meses, transfirió 160.000 dólares y recién empezó a dudar cuando intentó retirar el dinero por pedido de sus hijas.
Entonces aparecieron las señales clásicas de una estafa: primero le pidieron un depósito extra para «liberar el pago», luego otro y después otro. Cuando se negó a seguir enviando dinero, le dieron de baja la cuenta y Luciana dejó de responderle y lo bloqueó en WhatsApp.
La historia tiene un componente aún más inquietante: Luciana no existe. Es una IA capaz de dialogar con miles de víctimas al mismo tiempo sin que adviertan que están frente a una fantasía diseñada para el fraude. Según Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, la parte más difícil no fue la estafa en sí, sino que Mario no les creía a sus hijas cuando le decían que ella no existía.
El caso aparece en un contexto que ya encendió alertas oficiales y privadas. En la primera mitad de 2026, el cibercrimen se consolidó como una industria global, altamente profesionalizada y automatizada, apoyada en modelos de crimen como servicio y en la inteligencia artificial generativa. En paralelo, el relevamiento 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal mostró que la Argentina atraviesa una transición en la que el delito presencial retrocede, mientras el fraude digital crece.
Durante 2025, las estafas y defraudaciones asistidas virtualmente alcanzaron 50.155 casos. Según esos datos, por cada estafa virtual denunciada se registran casi ocho robos presenciales. Y si se suman las estafas tradicionales, que llegaron a 72.953 casos, el universo de la defraudación ya representa casi un tercio de los delitos contra la propiedad totales.
Gabriel Zurdo también advirtió que el problema no es solo local. Según BTR Consulting, América Latina enfrenta una presión constante sobre la seguridad digital, con Brasil y México a la cabeza en volumen neto de amenazas. En México, el 83,3% de las empresas sufrió al menos un incidente de ciberseguridad en el último año. La Argentina y Colombia registran un volumen crítico de ataques contra infraestructuras, instituciones gubernamentales y prestadores de servicios esenciales.
En el caso argentino, más del 50% de los incidentes reportados en el plano estatal e institucional corresponden a phishing o ciberfraude. La conclusión es clara: los atacantes explotan el eslabón más débil, el ser humano.
El mercado ya votó hace tiempo sobre este frente: donde faltan reglas claras, capacitación y defensas tecnológicas, el capital y el ahorro quedan expuestos. No se trata solo de un problema policial, sino de protección de la propiedad privada y de la confianza digital, dos condiciones básicas para cualquier economía que quiera atraer inversión y no perderla por la puerta de atrás.
La advertencia también alcanza al Estado. Si la burocracia no acelera su respuesta, el costo lo pagan los contribuyentes y las familias. En un escenario de fraude automatizado, la inacción regulatoria y la lentitud institucional dejan servido el terreno para que la estafa sea más barata de ejecutar y más cara de frenar.
