Un tribunal estatal de Nuevo México ordenó el jueves a Meta pagar $567 millones y aplicar cambios estructurales en Facebook e Instagram para proteger a usuarios menores de edad, según documentaron Fox Business, el New York Post y UPI. La cifra se suma a los $375 millones que un jurado impuso en marzo por violar la Ley de Prácticas Desleales del estado, llevando la responsabilidad total de la compañía en el caso a casi $942 millones.
El juez Bryan Biedscheid, del Tribunal de Distrito de Nuevo México, determinó que las plataformas de Meta constituyen una «molestia pública» bajo la ley estatal. «Las plataformas de Meta están diseñadas para capturar la atención, incluyendo aprovecharse del cerebro en desarrollo de los adolescentes y fomentar un uso problemático», escribió Biedscheid en el fallo de 68 páginas. El magistrado comparó los daños causados por las plataformas con la contaminación que escapa de una fábrica y se extiende al espacio público.
De los $567 millones ordenados, $420 millones están destinados a servicios de tratamiento para jóvenes afectados por daños relacionados con redes sociales en el estado. El resto se distribuirá en concienciación, prevención y servicios de detección durante los próximos cinco años.
El fallo también impone medidas operativas concretas: limitar el uso de Facebook e Instagram por menores a 90 horas mensuales, desactivar la mayoría de las notificaciones push para menores entre las 10 p.m. y las 7 a.m., y entre las 8 a.m. y las 3 p.m. en días escolares, ocultar por defecto el conteo de «me gusta» para menores, y desarrollar en dos años un modelo de predicción de usuarios menores de 13 años. Meta deberá reportar avances dos veces al año.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó la demanda a finales de 2023 tras una operación con cuentas señuelo de menores de 14 años que documentó cómo adultos podían contactar y presionar a niños para obtener material sexualmente explícito. Torrez calificó el fallo como un «plano» para otros estados. Más de 40 estados y más de 1.300 distritos escolares ya han presentado demandas similares contra compañías de redes sociales.
Meta rechazó el fallo. «Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar actores maliciosos», dijo un portavoz de la compañía, que anunció su intención de apelar. Los inversores reaccionaron con calma: la acción cayó menos de medio punto porcentual en operaciones fuera de horario, hasta $589,44. El fallo representa una fracción menor de las ganancias anuales de Meta, que en 2025 rondaron los $60.000 millones.
Desde Ágora Capital, el caso ilustra una tensión real entre responsabilidad civil y el riesgo de que la litigación estatal fragmentada se convierta en un mecanismo de regulación por la vía judicial, con costos imposibles de prever para cualquier empresa tecnológica que opere en múltiples jurisdicciones. El mercado, por ahora, descuenta el impacto: $942 millones no mueven la aguja de una compañía con esa caja. Lo que sí la mueve es la señal de que cada estado puede fijar sus propias reglas de producto, convirtiendo la operación nacional en un laberinto regulatorio. Capital busca reglas claras; lo que este fallo inaugura es todo lo contrario.
