Las pérdidas aseguradas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia subieron a $6,5 billones, informó Fasecolda en su balance más reciente. La cifra representa un aumento de 2,8% frente a la semana anterior, cuando el cálculo era de $6,3 billones.
Al corte del 9 de octubre, las aseguradoras habían recibido 99.720 reclamaciones y pagado $786.543 millones en indemnizaciones. En la última semana, los desembolsos aumentaron en $215.533 millones, un salto de 37,7% frente al corte previo.
La mayor parte de los reclamos corresponde a incendio y hogar, con 91.944 casos y pérdidas estimadas por $6,4 billones. Ese ramo concentra el grueso de los recursos que las aseguradoras calculan necesarios para responder por los daños reportados.
El balance también registra afectaciones en automóviles, con 1.301 reclamaciones y pérdidas estimadas en $15.000 millones; riesgos laborales, con 1.199 casos y $17.000 millones; y otros ramos, con 5.264 reclamaciones y un valor estimado de $18.000 millones. En lucro cesante aparecen 11 reclamaciones, aunque con un valor estimado superior al de otros segmentos con más casos.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, dijo que una de las prioridades del sector es agilizar la llegada de los recursos a las viviendas y copropiedades afectadas. «Nuestra prioridad es que los recursos de las indemnizaciones lleguen cuanto antes a las copropiedades y viviendas afectadas por el terremoto», afirmó.
Morales agregó que el gremio ha trabajado con las autoridades locales para identificar los casos que requieren atención prioritaria. También insistió en que los administradores y consejos de administración se comuniquen cuanto antes con sus aseguradoras para recibir orientación y avanzar en los trámites.
La afectación reportada por el sector asegurador tiene alcance en 492 municipios de 31 departamentos. Por departamentos, el Valle del Cauca ocupa el primer lugar en valor estimado de siniestros, con cerca de $2,77 billones. A nivel municipal, Santiago de Cali concentra el mayor valor estimado de pérdidas aseguradas, con aproximadamente $1,85 billones, seguido por Pereira, con una cifra similar.
Los números primero: cuando un desastre de esta magnitud golpea, la clave no es el discurso sino la velocidad con la que fluyen las indemnizaciones. Cada día de atraso castiga a familias, copropiedades y negocios que ya enfrentan el daño físico y el costo de volver a operar.
También queda claro el valor de un sistema asegurador que pueda responder con volumen, liquidez y reglas claras. Si el dinero ya está calculado, el país necesita que la burocracia no se interponga entre el siniestro y la reparación. Ahí se mide la verdadera productividad del sector y la calidad institucional del Estado en emergencias.
