Los números primero. La startup chilena Soyio, dedicada a la protección de datos personales, factura crecimiento de cerca de 40% mensual y ya trabaja con alrededor de 30 empresas, entre ellas Consorcio, Metlife, Femsa, Alemana Seguros, Isapre Esencial, AFP Provida, Red Salud y Coopeuch.
La compañía fue fundada en abril de 2024 por Óscar Quevedo y Matías Menich, amigos desde que estudiaban ingeniería civil con especialización en computación en la Universidad de Chile. Según la empresa, su tecnología ha procesado más de 2,5 millones de consentimientos y más de 3.200.000 transacciones totales, además de validar más de 200 mil identidades.
El camino hasta Soyio no fue lineal. Quevedo dejó la carrera por una depresión y encontró en el emprendimiento una salida. Junto a Menich, primero intentaron una aplicación de pagos en restaurantes que no despegó. En 2018 crearon QVO, la segunda pasarela de pago en Chile después de Flow, en un mercado donde Transbank tenía el monopolio de las integraciones. La empresa fue adquirida por la ecuatoriana Kushki, que en 2022 se convirtió en unicornio, la primera startup ecuatoriana en esa categoría.
Dentro de Kushki, Quevedo se encargó de construir la cultura corporativa mientras la empresa crecía tras la pandemia. Pero, según relata, el aburrimiento lo llevó de vuelta al riesgo emprendedor. Junto a Menich propusieron un spin-off enfocado en identidad digital; el directorio de Kushki decidió no diversificarse y ambos fundadores salieron para crear Soyio, con capital inicial de los propios fundadores de Kushki.
El producto actual es un software como servicio con cuatro módulos: gestión de consentimiento y cookies, gestor de derechos, un sistema de inteligencia artificial para registros de actividades de tratamiento y evaluaciones de riesgo, y verificación de identidad con estándar bancario.
En financiamiento, Soyio levantó US$1,6 millones en etapa pre-seed y prepara una segunda ronda en los próximos meses. Entre sus inversionistas figuran el venture capital Platanus, Consorcio, Caja Los Andes, los fundadores de Kushki y los emprendedores Nicolás Orellana y Leonardo Soto, además de fondos Corfo.
El telón de fondo regulatorio es clave para el negocio. El gobierno chileno anunció el aplazamiento por un año de la Ley de Protección de Datos Personales, que debía entrar en vigencia el 1 de diciembre. Lejos de lamentarlo, Quevedo dice estar entusiasmado: sostiene que la sola discusión pública ha generado un cambio cultural que empuja a las empresas a contratar soluciones como la suya.
El mercado ya votó, y lo hizo antes de que el Estado terminara de escribir la regla. Mientras el aparato regulador posterga plazos, el capital privado —fondos de riesgo, aseguradoras, cooperativas de ahorro— ya financió la infraestructura que el mercado necesitaba para operar con consentimiento verificable. La demora burocrática no frenó la innovación: la aceleró, porque dejó a las empresas sin certeza legal y con incentivo para blindarse por cuenta propia.
Hay una lectura incómoda para el intervencionismo regulatorio: cuando el Estado tarda, la productividad no espera. Empresas de seguros, salud y pagos ya contrataron soluciones privadas para un problema que la ley todavía no resuelve. El fondeo Corfo presente en la ronda es la única nota estatal en una historia que, por lo demás, es puro mérito privado, riesgo asumido y capital que encontró retorno donde la política pública solo encontró plazos.
