Javier Milei estaba en Nueva York cuando el índice de riesgo país superaba los 600 puntos, el Indec informaba que la pobreza había aumentado y que la actividad económica había caído en el segundo trimestre en términos desestacionalizados. Los números primero. El mercado ya votó.
La evolución del EMAE —Estimador Mensual de Actividad Económica— en términos desestacionalizados muestra que, como mínimo, la actividad está estancada. La columna citada plantea que el superávit fiscal es una condición para estabilizar la economía, pero no garantiza crecimiento. Tampoco alcanza para que el sector privado empiece a crear riqueza al ritmo necesario.
Ese punto es central para cualquier lectura seria. Reducir el déficit evita que el Estado siga destruyendo riqueza mediante inflación, deuda o presión tributaria creciente. Pero no sustituye la inversión. No sustituye la acumulación de capital. No sustituye el crédito. No sustituye reglas previsibles.
La nota también advierte que la tasa de inversión sobre el PBI se mantiene en niveles muy bajos. Además, sostiene que, pese a los anuncios del RIGI, Vaca Muerta y litio, la tasa de inversión todavía se ubica entre el 15% y el 20% del PBI, el rango de los últimos 80 años.
En esa línea, el riesgo soberano vuelve a aparecer como un freno concreto. Luego de haber alcanzado un mínimo de 402 puntos básicos, el índice empezó a subir y, al cierre de la columna, supera los 600 puntos básicos. Con ese nivel, la Argentina sigue teniendo dificultades para acceder normalmente al mercado internacional de capitales.
La lectura económica es clara: un país con riesgo soberano por encima de 600 puntos básicos financia peor la inversión de largo plazo. Y si la confianza del mercado no mejora, el ajuste fiscal queda a medio camino. Puede ordenar la caja, pero no asegura expansión.
La columna también pone sobre la mesa una discusión que el aparato estatal suele esquivar: reducir el gasto público no es lo mismo que reducir el peso del Estado sobre el sector privado. Eso implica bajar impuestos, simplificar el sistema tributario, eliminar regulaciones, liberar el mercado de cambios y eliminar el cepo cambiario para las empresas.
Ahí está el verdadero test de política económica. El Gobierno puede mostrar disciplina fiscal. Pero si no destraba inversión, capitalización y productividad, el crecimiento seguirá trabado. Capital busca reglas claras. Sin ellas, el ahorro no encuentra destino y el riesgo país sigue cobrando peaje.
El dato político tampoco es menor. La propia referencia del Gobierno al «riesgo kuka» convive con anuncios de inversiones de muy largo plazo por cientos de miles de millones de dólares, incluido el de YPF por USD 154.000 millones hasta 2040. La contradicción no es menor: si hay confianza suficiente para prometer semejantes montos, también debería haberla para dar un marco que reduzca el costo de capital.
En términos de mercado, la señal es simple. Sin estabilidad institucional, sin apertura y sin un marco que premie el ahorro y la inversión, la economía puede dejar de caer. Pero no despega. Y cuando eso ocurre, el ajuste fiscal ya no se lee como puente al crecimiento, sino como un freno incompleto.