Ecopetrol presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación y ejecución del contrato de la Regasificadora del Pacífico, un proyecto orientado a facilitar la importación de gas natural por Buenaventura.
La información fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, que señaló que la denuncia fue radicada por la propia petrolera el pasado 2 de septiembre, después de una revisión realizada por su auditoría interna.
De acuerdo con las fuentes citadas, el contrato fue adjudicado a Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. y tiene un valor de US$172 millones. La revisión busca establecer si durante el proceso de contratación se presentaron eventuales conflictos de interés, modificaciones en las condiciones inicialmente establecidas y un posible tráfico de influencias.
El proyecto contempla la recepción de gas natural licuado, GNL, en Buenaventura y su posterior transporte hasta Buga, en el Valle del Cauca, donde se realizaría el proceso de regasificación. El contrato suscrito con Ecopetrol contempla una capacidad contratada de 60 millones de pies cúbicos diarios, Mpcd, y una operación inicial de cinco años.
La investigación también incluye los tiempos de ejecución. Ecopetrol había previsto que la infraestructura comenzara a operar el 1 de agosto de 2026, pero esa fecha pasó sin que la regasificadora entrara en funcionamiento. Ahora se estima que pueda comenzar operaciones hacia mediados de noviembre.
El contrato contempla multas asociadas con posibles retrasos en la ejecución. Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. ha señalado que las demoras estuvieron relacionadas con diferentes dificultades logísticas y portuarias.
Entre los nombres mencionados aparece Einstein Mauricio Gómez Machado, quien desde 2025 se desempeña como consejero delegado de la Regasificadora del Pacífico. Según El Tiempo, Gómez Machado ha ocupado diferentes cargos y ha tenido relaciones profesionales con entidades y compañías vinculadas con el sector energético.
La denuncia busca determinar si existieron irregularidades en el proceso de contratación y ejecución del proyecto, así como establecer las circunstancias relacionadas con los distintos aspectos que ahora están bajo revisión.
Los números primero. Que Ecopetrol haya llevado el caso a la Fiscalía muestra que el proyecto energético ya no se explica solo por ingeniería o cronogramas, sino también por gobierno corporativo, controles internos y trazabilidad contractual. En un negocio donde cada atraso tiene costo, la transparencia deja de ser un lema y pasa a ser parte del margen.
Capital busca reglas claras. Si hubo cambios en las condiciones, eventuales conflictos de interés o tráfico de influencias, el punto central es simple: el mercado necesita contratos previsibles y un aparato estatal que no convierta la inversión en un terreno opaco. Cuando hay dinero de los contribuyentes y activos estratégicos en juego, la disciplina contractual vale más que cualquier promesa de ejecución.
