El mercado automotor chileno acumula cerca de 150 mil unidades comercializadas en el primer semestre del año, según datos citados por Gabriel Montenegro, gerente comercial de Porsche en Chile, en una entrevista con el programa Hub Sustentabilidad de Radio Duna. Los vehículos electrificados —eléctricos puros, híbridos enchufables e híbridos convencionales— representan alrededor del 20% del total. Los completamente eléctricos se ubican entre el 4% y el 5%.
El cambio de precio es el dato más concreto que explica el avance. Hace cuatro años, un eléctrico costaba «por lo bajo 40 o 50 millones de pesos»; hoy el precio promedio se sitúa entre 30 y 35 millones, un rango que Montenegro describe como «bastante más cercano al de otras marcas masivas». La mayor competencia y la llegada de nuevos fabricantes explican la compresión de márgenes que, paradójicamente, expande el mercado.
Porsche ha respondido con una estrategia de ecosistema: programa de instalación de cargadores residenciales, el proyecto Porsche Destination Charging —desarrollado junto a hoteles y viñas— y los llamados «corredores verdes» para viajes de mediana y larga distancia. La marca opera rutas en las regiones de O'Higgins, Valle del Maipo, Valle del Elqui y Los Lagos, y prepara un quinto corredor en el norte del país. «No todo es Santiago; tenemos que entregar soluciones en regiones», señaló Montenegro.
Pese a los avances, el ejecutivo reconoce que la infraestructura de carga «sigue siendo una preocupación importante» para los usuarios. A eso se suma la necesidad de nuevos hábitos: Montenegro recomienda privilegiar la carga lenta, evitar que la batería se descargue por completo y mantener niveles de carga entre el 20% y el 80% en uso urbano.
El horizonte regulatorio es el factor de mayor incertidumbre. Chile se ha comprometido a poner fin a la venta de vehículos a combustión hacia 2035, un objetivo que Montenegro califica de «ambiciosísimo». La respuesta de Porsche es una estrategia tecnológicamente flexible: combustión, híbridos enchufables, eléctricos y combustibles sintéticos —los denominados e-fuels, desarrollados en el proyecto Haru Oni en la región de Magallanes—.
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Los números cuentan una historia de mercado que funciona cuando la competencia hace su trabajo: más marcas, precios más bajos, consumidores que dan el salto. La infraestructura privada —cargadores en hoteles, viñas, corredores interregionales— avanza porque hay empresas con incentivo a invertir, no porque lo ordene un decreto.
El riesgo está en el otro lado de la ecuación: una fecha de cierre impuesta por el Estado —2035— que no consulta el ritmo real de la demanda ni el estado de la red eléctrica nacional. Cuando el regulador fija el destino antes de que el camino esté construido, el costo lo absorbe el consumidor. Capital busca reglas claras, no calendarios políticos.
