El Paquete Económico 2027 abrió un debate incómodo en San Lázaro: el gobierno necesita crecimiento, más inversión, más empresas y más empleo formal, pero al mismo tiempo propone reglas fiscales que elevan la carga efectiva sobre quienes ya producen y contribuyen.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no se crean nuevos impuestos ni se elevan las tasas existentes. Técnicamente, la tasa corporativa del ISR sigue en 30 por ciento. Pero la propuesta enviada al Congreso sí limita deducciones y pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, y reduce de 30 a 20 por ciento el límite de deducibilidad de intereses netos sobre la utilidad fiscal ajustada.
En los hechos, eso puede hacer que muchas empresas terminen pagando más sin que el gobierno admita un alza formal del impuesto. También establece que las pérdidas fiscales solo podrían amortizarse hasta por 50 por ciento de la utilidad fiscal de cada ejercicio. Las cantidades no aprovechadas podrían diferirse a ejercicios posteriores, pero el golpe de flujo sería inmediato.
El problema de fondo no es perseguir a las factureras, las operaciones simuladas ni la evasión. Eso, como admite la propia columna de origen, es una obligación del Estado. El error está en confundir una política contra el fraude con una restricción general a deducciones legítimas vinculadas con inversión, maquinaria, financiamiento, expansión, contratación o costos normales de operar una empresa.
La paradoja es clara: el gobierno dice querer relocalización de cadenas productivas y habla del Plan México, pero mantiene incertidumbre regulatoria, debilidad del Estado de derecho y ahora suma nuevas restricciones fiscales. Para cualquier inversionista, el problema no es solo la tasa nominal; también importa la base sobre la que se cobra y la estabilidad de las reglas.
Las finanzas públicas siguen presionadas. Para 2027 se proyectan ingresos presupuestarios cercanos a 9.15 billones de pesos, un gasto de 10.6 billones y un déficit estimado de alrededor de 3.9 por ciento del PIB. Además, el gobierno apuesta a que los ingresos tributarios lleguen a niveles históricos, cercanos al 15.9 por ciento del producto.
Eso explica la urgencia recaudatoria. Pero también deja una señal incómoda para el capital: el aparato estatal busca más dinero de los mismos contribuyentes cautivos mientras la informalidad sigue siendo enorme.
Capital busca reglas claras. Si México quiere inversión privada, empleo formal y más productividad, no puede castigar al empresario que arriesga capital y luego pedirle que crea en la estabilidad del marco fiscal. El mercado ya votó muchas veces: el capital llega donde la rentabilidad no depende del capricho regulatorio.
La lectura es simple. Cuando el Estado aprieta al contribuyente formal y deja zonas amplias de informalidad, traslada el costo de su déficit a quien sí cumple. Eso castiga la libre empresa, erosiona el margen de inversión y debilita el incentivo a reinvertir utilidades. Los números primero.