La negociación de siempre volvió a escena en Panamá: los sindicatos exigen $900 de salario mínimo y el empresariado pide cautela. Pero la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, admitió en público lo que pocos se atreven a decir: el mecanismo de fijación salarial lleva más de 60 años sin modificarse. El dato lo recoge La Prensa del 15 de noviembre de 2025.
El contexto es difícil de ignorar. El desempleo supera el 10% y 700,000 panameños trabajan en la informalidad. Decretar un número más alto en el papel no crea ni un solo puesto formal si la estructura productiva no lo sostiene.
La mina parada, el costo más visible
Alexander Gabarrete, gerente de Relaciones Laborales de Cobre Panamá, expuso en el Foro Empleo 2025 que reabrir la explotación podría recuperar 20,000 puestos en seis meses y más de 40,000 en un año. Antes de su cierre, el proyecto en Donoso generaba $1,830 millones al año y empleaba a 7,000 personas. Hoy solo quedan 1,300 empleados y el proyecto aguarda en un limbo legal sin fecha de resolución.
Cada mes que pasa es capital que no fluye y salarios que no se pagan. El aparato estatal no ha despejado ese camino.
Zonas francas, puertos y el Canal: motores a medio gas
En 2025, las zonas francas captaron $203.2 millones y apenas generaron mil empleos, mientras República Dominicana —que exhibió cerca de 90 parques y más de 200,000 empleos directos en el Congreso Mundial de Zonas Francas celebrado en Panamá— consolidaba su ventaja competitiva.
El aeropuerto de Tocumen superó los 11.5 millones de viajeros en el primer semestre de 2026 y proyecta 22 millones al cierre del año. El Panama Convention Center, construido con una inversión de $207 millones, generó $90 millones en turismo de reuniones en 2023 y creó 6,643 empleos temporales.
En el Pacífico, Puerto Barú —inversión de $250 millones— recibió 20,000 hojas de vida en cinco meses. Puerto Armuelles ya capacitó a más de 5,600 residentes y despertó el interés de inversionistas japoneses. La riqueza productiva no tiene por qué concentrarse en la capital.
El proyecto de mayor envergadura es el gasoducto de 76 kilómetros que prepara la Autoridad del Canal: una licitación de hasta $8,000 millones que ofrecería 6,500 empleos en construcción y 9,700 en operación. También avanzan terminales en Corozal y en la isla Telfers.
Voluntad política, el único insumo que falta
Desde 2020 existe la Ley General de Cultura y desde 2024 la norma sobre economía creativa, pero el Ministerio de Cultura no ha desarrollado la política nacional correspondiente. El talento existe —Erika Ender coescribió Despacito—; la brecha está entre la promesa legislativa y la ejecución del aparato estatal.
Desde Ágora Capital, la lectura es directa: Panamá no necesita inventar nada. Tiene una mina, zonas francas, aeropuertos, puertos, un Canal en proceso de diversificación y legislación lista para aplicarse. El problema no es de diagnóstico sino de ejecución. Subir el salario mínimo sin desbloquear esa estructura productiva solo empuja a más trabajadores hacia la informalidad o el desempleo, que ya superan el 10%.
Capital busca reglas claras. Mientras el limbo legal detenga proyectos de miles de millones de dólares, el debate sobre cuánto decretar en un papel seguirá siendo, precisamente, un número que nadie cobra.