El CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, confirmó que la compañía tiene proyectos de inversión en biocombustibles estudiados «desde hace varios años», pero condicionó cualquier decisión final al texto que apruebe el Congreso. La declaración se produjo en una entrevista con EconoJournal tras la inauguración de una estación Axion en San Agustín, Santa Fe.
La ley vigente impide a las refinadoras producir biocombustibles por cuenta propia. Solo pueden adquirir biodiésel —elaborado por fabricantes independientes a partir de aceite de soja— para mezclarlo con gasoil, y etanol para la nafta. Bulgheroni describió esa restricción con dureza: «Es un sinsentido absoluto tener una ley que le prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en la Argentina. Es bastante raro que te prohíban invertir, más aún a empresas argentinas que están en condiciones de hacerlo y que quieren hacerlo».
El ejecutivo fue explícito sobre el objetivo: no capturar el mercado interno, sino exportar. «Queremos invertir para exportar y hacerlo en partnership, en asociación, con jugadores que hoy forman parte de la industria», señaló. Mencionó a Europa, Estados Unidos y «otros mercados» como destinos. La tesis es ampliar la oferta total —«agrandar la torta», en sus palabras— en lugar de disputar márgenes en el mercado doméstico.
En el Senado aguarda el proyecto de Patricia Bullrich, que desregula la actividad, elimina cupos y abre la producción a cualquier persona humana o jurídica debidamente registrada. El artículo 10 del texto es el que habilitaría a las petroleras. La propuesta también eleva el corte de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año desde su entrada en vigencia, faculta al Ejecutivo a ajustar esos porcentajes, incorpora el concepto de vehículos «flex fuel» —modelo aplicado en Brasil—, crea un mercado electrónico de biocombustibles, habilita la inyección de biometano en redes de gas natural y promueve combustibles sostenibles de aviación.
Bulgheroni respaldó la orientación del proyecto: «Es muy importante lo que está proponiendo el Gobierno. El precio tiene que ser competitivo, libre y negociado entre las partes. En términos de corte, creemos que tendría que ser opcional para el mercado interno, porque el esfuerzo y la inversión tienen que enfocarse en proyectos de exportación».
Sobre la localización de eventuales plantas, el CEO fue cauteloso: «Hay distintas alternativas. Pero no quiero decir una cosa por otra porque mucho va a depender de cómo termine saliendo la ley. Según cuál sea el texto definitivo, algunos proyectos serán mejores que otros».
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El caso PAE ilustra un principio elemental que la regulación argentina ha ignorado durante años: cuando el Estado prohíbe a un actor privado invertir en un sector, no protege a nadie —salvo a los incumbentes beneficiados por la restricción—, y destruye valor exportable. La Argentina tiene ventaja competitiva real en biocombustibles gracias al campo; que esa ventaja haya quedado encorsetada por una ley que excluye a las refinadoras es el tipo de costo regulatorio que no aparece en ningún presupuesto pero sí en las divisas que no ingresan.
Capital busca reglas claras. Si el Congreso aprueba el proyecto Bullrich en términos que den certeza jurídica, PAE y otros jugadores tienen incentivos concretos para comprometer inversiones. La señal del mercado ya está dada; la pelota está en el Senado.
