La Comisión Nacional de Energía (CNE) anunció la implementación de un programa temporal de registro para la actividad de despacho para autoconsumo de petrolíferos en México. El mecanismo, que se publicará en las próximas semanas, permitirá a las empresas que ya operan instalaciones de suministro propio —gasolinas, diésel y gas LP— continuar su actividad mientras tramitan el permiso definitivo bajo el nuevo marco de la Ley del Sector Hidrocarburos y su Reglamento.
La actividad regulada consiste en el suministro de combustibles exclusivamente a vehículos propiedad o en posesión de quien la realiza, vinculados directamente a su actividad económica. El registro no autoriza venta, cesión ni transferencia de petrolíferos a terceros.
Los sectores afectados son amplios: autotransporte de carga y pasajeros, empresas ferroviarias, ganaderas, agrícolas, porcinas, manufactureras y de servicios hospitalarios, entre otras. En la práctica, se trata de eslabones críticos de la cadena productiva nacional que dependen del diésel para operar.
Como parte del esquema, la CNE informó a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional sobre el programa, con el fin de coordinar acciones durante el periodo de transición. Las empresas que obtengan y mantengan el registro serán consideradas en cumplimiento regulatorio hasta recibir su permiso definitivo.
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, calificó la medida como «una señal positiva para las empresas que esperaban un mecanismo claro para regularizar sus actividades». Sin embargo, advirtió que «el gran reto es que no sea una carga más regulatoria en donde se exija de más, toda vez que las instalaciones de autoconsumo en su mayoría están muy lejos de ser similares a las de una estación de servicio». Díaz Ibarra subrayó también que la CNE «tiene una gran oportunidad de generar condiciones para que el sector privado encuentre un equilibrio con el regulador».
La CNE, institución creada durante el sexenio actual, describió el programa como «un paso decisivo en la aplicación del nuevo marco regulatorio energético nacional en beneficio del pueblo de México».
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El anuncio llega con una ambigüedad que el mercado ya conoce bien: la diferencia entre un mecanismo de transición ágil y un nuevo laberinto de permisos depende enteramente de cómo se redacten las reglas definitivas. Que la CNE haya convocado a la Guardia Nacional y a la Fiscalía desde el primer comunicado dice más sobre el enfoque del regulador que cualquier declaración de buenas intenciones.
Capital busca reglas claras. Las empresas de autotransporte, agricultura e industria que hoy operan autoconsumos no son huachicoleros: son contribuyentes que mueven la economía real. Si el esquema definitivo de permisos replica la lógica de sobreregulación que ha encarecido la operación energética en México, el costo no lo pagará la burocracia —lo pagará el precio del flete, del alimento y del medicamento.
