El capital privado vota con los pies. Mallplaza, la plataforma inmobiliaria comercial de origen chileno, firmó un acuerdo vinculante con el fondo Pactia para adquirir ocho centros comerciales en Colombia en una transacción valorada en aproximadamente 376 millones de dólares, equivalentes a 1,17 billones de pesos.
Los números hablan por sí solos. Los ocho activos objeto del acuerdo recibieron cerca de 57 millones de visitantes durante el último año y registraron un ingreso operacional neto cercano a los 111.000 millones de pesos en los últimos doce meses, según informó la compañía.
Con el cierre de la operación, Mallplaza pasará de administrar cinco a trece centros comerciales en Colombia y alcanzará un portafolio total de 45 activos en Chile, Perú y Colombia. La empresa superará además los 2,5 millones de metros cuadrados de área bruta arrendable en la región y los 460.000 metros cuadrados en el mercado colombiano.
La expansión también llevará a Mallplaza a cinco nuevas ciudades colombianas y sumará tres nuevos centros comerciales en Bogotá, ampliando su zona de influencia a cerca de 3,6 millones de colombianos.
El gerente general de la compañía, Pablo Pulido, enmarcó la operación dentro de la estrategia de consolidación en la región andina. «Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina», afirmó. Por su parte, Rafael Villamizar, gerente de la división Colombia, recordó que la empresa opera en el país desde 2012.
El cierre definitivo dependerá del cumplimiento de los requisitos habituales para este tipo de transacciones y de la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Desde Ágora Capital, la lectura es clara: una inversión de esta magnitud, ejecutada por un operador privado con historial en tres mercados, es exactamente la señal que Colombia necesita en un momento de incertidumbre sobre el clima de negocios. Capital busca reglas claras, y aquí hay un actor dispuesto a desplegar 376 millones de dólares bajo esa premisa.
El reto ahora está del lado regulatorio. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene en sus manos una decisión que, si se resuelve con celeridad y criterios técnicos, puede convertirse en un argumento de peso para atraer más flujo de inversión extranjera directa al sector inmobiliario colombiano. Demorarla o condicionarla en exceso sería, en cambio, la mejor publicidad para los mercados vecinos.
