KIA confirmó una inversión de 649 millones de dólares para producir el SUV eléctrico Sub EV3 en Pesquería, Nuevo León. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aprovechó la presentación del vehículo —realizada el 2 de julio de 2026 en la «Mañanera del Pueblo»— para declarar que «no está fácil competir con México» y que la Inversión Extranjera Directa de los últimos años respalda ese argumento.
Ebrard mencionó también que General Motors anunció recientemente otra inversión de más de mil millones de dólares, sin precisar fecha ni destino específico. Ambos anuncios los enmarcó en la ventaja geográfica y la productividad del país: «Están viendo mercados, están viendo posibilidades, están viendo que México tiene una situación preferencial respecto a otros países».
El funcionario reconoció que México produce «muy poco» en semiconductores, pantallas y baterías —componentes críticos de la cadena automotriz eléctrica— y señaló que el proyecto de KIA servirá de ancla para desarrollar proveedores locales en esos segmentos. «En vez de estar importando, empiezas a desarrollarlos aquí», afirmó.
En paralelo, Ebrard informó sobre el laudo arbitral del caso Vulcan Materials: el panel resolvió que México debe pagar aproximadamente 15 millones de dólares de los mil 700 millones demandados por la empresa estadounidense. El secretario calificó el resultado como una victoria para el gobierno mexicano, aunque aclaró que el fallo no es definitivo y que las negociaciones con Vulcan continuarán.
El secretario se abstuvo de detallar las condiciones del caso Vulcan alegando «reservas» institucionales, lo que limita la evaluación independiente del resultado.
Lo que el mercado debería leer entre líneas. Los 649 millones de KIA y los más de mil millones de GM son flujos reales y bienvenidos; el capital no miente. Pero la narrativa del secretario Ebrard omite la variable que más pesa en cualquier modelo de retorno: certeza jurídica y marco regulatorio de largo plazo. La tercera ronda de negociaciones del T-MEC sigue abierta, los mecanismos laborales y de contenido estadounidense están en disputa, y el propio caso Vulcan —independientemente del laudo parcial— recuerda que México ha enfrentado demandas millonarias por decisiones de política pública.
La libre empresa no necesita propaganda; necesita reglas claras, tribunales predecibles y un Estado que no cambie las condiciones a mitad del juego. Que la IED llegue a pesar de la incertidumbre habla de la fortaleza estructural del país, no de la gestión del aparato oficial. El reto real —semiconductores, baterías, electromovilidad— exige exactamente lo que el gobierno mexicano ha sido más reticente a ofrecer: seguridad jurídica para el capital privado y menos intervención burocrática en la cadena de valor.
