La vigilancia digital sin consentimiento dejó de ser un riesgo marginal. Un informe de Kaspersky, compañía de seguridad digital, documenta más de 34.000 usuarios afectados por stalkerware entre 2024 y 2025, con un acumulado de 127.000 víctimas en cinco años y presencia en más de 160 países.
El stalkerware es un software espía que se instala de forma oculta en un teléfono móvil para monitorear la actividad de la víctima. Una vez activo, puede registrar ubicación, mensajes, llamadas, fotos e historial de navegación, todo sin levantar sospechas. El peligro reside en su capacidad para operar en segundo plano, sin dejar rastros visibles.
América Latina en el foco
Brasil figura entre los países con mayor número de casos detectados, junto con Rusia e India. En foros de la dark web, los expertos identificaron servicios de doxxing y espionaje digital con precios que van desde 50 hasta 4.000 dólares, lo que pone la vigilancia al alcance de cualquiera con voluntad de abusar de ella.
El informe señala que el 46% de los encuestados experimentó al menos una forma de abuso facilitado por la tecnología en el último año. Quienes lo sufrieron reportan en promedio casi tres tipos distintos de abuso: acoso, exclusión, ciberacoso persistente, suplantación de identidad, vigilancia no autorizada y doxxing —exposición de datos personales en internet para intimidar o dañar—.
Entre los comportamientos más frecuentes están los bloqueos y exclusiones intencionadas (17%), mensajes ofensivos (15%), acoso digital (9%) y doxxing (5%). Muchas de estas prácticas se confunden con conflictos normales de la vida online, lo que dificulta la búsqueda de ayuda.
Señales de alerta
Las víctimas suelen notar cambios sutiles: mayor consumo de batería, aumento inesperado en el uso de datos, aplicaciones desconocidas instaladas o la activación de la opción «Fuentes desconocidas». Sin embargo, estos signos pueden atribuirse a fallos del sistema y pasar desapercibidos.
Kaspersky advierte además que el stalkerware no solo expone la información de la víctima directa, sino también la de familiares, amigos y contactos almacenados en el dispositivo comprometido. Esto amplifica el daño potencial más allá del individuo vigilado.
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Lo que documenta Kaspersky no es solo una amenaza técnica: es un mercado. Alguien produce el software, alguien lo vende y alguien paga entre 50 y 4.000 dólares para usarlo. Donde hay demanda de control, la oferta encuentra el camino.
La respuesta eficaz no pasa por más burocracia regulatoria que tarde años en implementarse, sino por mayor transparencia de las plataformas, herramientas de detección accesibles al usuario común y, sobre todo, educación digital que permita a cada persona auditar su propio dispositivo. La privacidad es un derecho de propiedad sobre los propios datos; defenderla es también una responsabilidad individual.



