Un empresario de 64 años lleva casi dos décadas construyendo un molino harinero sobre la ruta provincial 41, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. La planta, según su relato a LA NACION, tendría capacidad para producir unos 50.000 kilos diarios de harina. El problema no es la maquinaria ni el capital: es la potencia eléctrica.
Jorge Heredia comenzó a invertir en el proyecto en 2008. Fue comprando máquinas usadas, reparándolas y dejándolas «prácticamente a nuevas». Hoy el establecimiento está casi terminado, pero desde hace dos años no puede ponerlo en funcionamiento porque EDEN SA, la distribuidora que opera en el norte y centro bonaerense, no le provee los aproximadamente 240 kVA que necesitan los motores.
Tres soluciones, tres rechazos
Heredia propuso cruzar la ruta 41 para conectarse a la red. Le advirtieron que el trámite ante Vialidad Provincial podría extenderse varios años. Luego planteó un cruce subterráneo, alternativa más costosa que tampoco prosperó. Finalmente, un gerente regional de la distribuidora le ofreció alimentar el molino desde otro punto de la red, a unos dos kilómetros de distancia, con un costo estimado de US$120.000, casi cinco veces los US$23.000 a US$25.000 que calcula para la conexión frente a su predio.
«Yo no puedo pagar eso», dijo.
Desde EDEN respondieron a LA NACION que el usuario cuenta hoy con un servicio de baja tensión trifásico inferior a 10 kVA, «adecuado para consumos domésticos o rurales menores, pero insuficiente para la demanda y potencia que exige la operación de una planta harinera industrial». La distribuidora señaló además que la infraestructura frente al predio corresponde a una línea troncal de 33 kV que vincula Mercedes con San Andrés de Giles, sujeta a normas técnicas y regulatorias de seguridad.
El argumento político
Heredia no se queda en lo técnico. Afirmó haber encontrado, a unos 8 kilómetros de su establecimiento, una instalación realizada para otro empresario donde se habría aplicado una solución similar a la que a él le indicaron que era inviable. Según relató, el propietario de ese predio le aseguró que la distribuidora realizó el cruce correspondiente sin que él tuviera que gestionar personalmente ante Vialidad.
El empresario buscó apoyo político. Intentó ser recibido por el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz (UxP), sin éxito. También dijo haber cruzado a Eduardo «Wado» de Pedro en Mercedes y explicarle el problema, pero afirmó que tampoco obtuvo respuesta. «El problema es la política. No aflojan a la producción acá», sostuvo. Presentó reclamos ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) y ante Defensa del Consumidor. Envió cartas documento. «Se te ríen. No les importa nada», resumió.
La lectura de Ágora Capital
El caso Heredia es un manual compacto del costo invisible que el aparato estatal impone a la libre empresa. Un privado financia con su propio capital, durante casi dos décadas, un proyecto productivo que generaría empleo y harina para el mercado interno. El Estado no pone un peso. Y aun así, es el Estado —vía distribuidora regulada, burocracia vial y silencio municipal— quien decide si el molino arranca o no.
Cuando la conexión eléctrica de una planta depende de la voluntad de un intendente o de un senador, el riesgo regulatorio deja de ser una abstracción financiera y se convierte en el tornillo que falta. Capital busca reglas claras: sin ellas, el sueño de pibe se oxida en un galpón sobre la ruta 41.
