La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico 2027 en San Lázaro con una señal inequívoca: las expectativas se ajustan a la baja. El titular de la dependencia, Édgar Amador, fijó el rango de crecimiento del PIB en entre 1.5 y 2.5 por ciento para el próximo año, frente al intervalo de 1.9 a 2.9 por ciento que la propia SHCP había proyectado en abril.
El recorte de 40 puntos base en el piso del rango no es un detalle menor. Llega en un contexto que el propio funcionario describió como «entorno internacional complejo», marcado por mayores precios de energéticos, presiones inflacionarias y revisiones a la baja en otras economías. Como contrapeso, Amador citó que el PIB creció 1.9 por ciento anual en el segundo trimestre de 2026 —su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022— con cifras desestacionalizadas.
En materia fiscal, la SHCP proyecta un déficit de 3.9 por ciento del PIB para 2027, cifra que el secretario calificó de «consistente con una política fiscal sostenible». Al mismo tiempo, el documento anticipa que los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB, sin crear nuevos impuestos. La recaudación adicional se apoyaría en mayor eficiencia, combate a la evasión y a empresas que facturan operaciones simuladas.
Por el lado del gasto, la SHCP anunció que entre 2026 y 2030 la inversión pública y mixta alcanzará 5.7 billones de pesos en infraestructura para energía, agua y transporte. El llamado Plan México figura como «uno de los principales motores» de la estrategia, con el objetivo de movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción y fortalecer cadenas de suministro.
Amador subrayó que es el tercer paquete económico entregado bajo la presidenta Claudia Sheinbaum y recordó que entre 2018 y 2024, según el gobierno, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.
Lectura editorial. Los números cuentan una historia que el discurso oficial no enfatiza: el crecimiento proyectado para 2027 es modesto —en el mejor escenario, 2.5 por ciento— mientras el déficit se mantiene en 3.9 por ciento del PIB. Esa combinación implica que el aparato estatal seguirá absorbiendo ahorro interno en proporciones elevadas, reduciendo el espacio para que la inversión privada encuentre financiamiento a tasas competitivas. La promesa de no crear nuevos impuestos es bienvenida, pero la meta de llevar la carga tributaria a un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB vía mayor presión recaudatoria es, en la práctica, una extracción adicional de recursos del sector productivo. Capital busca reglas claras y costos predecibles; un Estado que «orienta, impulsa y genera condiciones» —en palabras del propio secretario— es exactamente el tipo de señal que eleva el riesgo país y posterga decisiones de inversión.
