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Gobierno pide $1,2 billones para blindar la energía ante El Niño y frena el riesgo de apagón

El Ejecutivo pidió al Congreso un traslado presupuestal con mensaje de urgencia y fijó el 31 de diciembre como plazo para activar medidas. El costo de llegar tarde lo paga el país en forma de racionamientos y mayor presión sobre el sistema eléctrico.
Imagen generada con IA
martes 13 de octubre de 2026

El Gobierno nacional busca movilizar $1,2 billones para enfrentar los riesgos que el fenómeno de El Niño representa para el suministro de energía eléctrica en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Congreso tramitar con mensaje de urgencia un traslado presupuestal dentro de la adición al Presupuesto General de la Nación de 2026.

El anuncio se produjo durante una alocución presidencial, en la que el mandatario advirtió sobre las presiones que podría enfrentar el sistema eléctrico ante una menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica durante los próximos meses. También ordenó poner en marcha un plan de choque antes de finalizar el año para reducir la posibilidad de racionamientos.

«Pedimos al Congreso con mensaje de urgencia un traslado de $1,2 billones dentro de la adición al Presupuesto del año 2026, destinado precisamente a esta emergencia», afirmó De la Espriella.

Los recursos, según el presidente, tendrán una destinación específica y mecanismos de control. Además, responsabilizó a la administración anterior por no haber provisionado el dinero necesario para atender el escenario climático.

La solicitud presupuestal es uno de los componentes financieros de la respuesta del Ejecutivo, que busca reforzar la capacidad de generación térmica, administrar las reservas de agua de los embalses y garantizar la continuidad del servicio en las regiones con mayor vulnerabilidad operativa.

De la Espriella también anunció la conformación de un equipo especial encargado de coordinar las acciones preventivas. La instrucción presidencial establece que el grupo deberá tener responsables identificados, tareas concretas y un cronograma de ejecución.

«Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial, con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite: el 31 de diciembre», señaló el mandatario.

El jefe de Estado precisó que las medidas deberán estar en marcha antes de esa fecha y estarán concentradas en tres frentes: reforzar la generación térmica, administrar responsablemente los embalses y proteger el suministro eléctrico, especialmente en las zonas más expuestas a posibles dificultades operativas.

El fenómeno de El Niño puede reducir las precipitaciones y los aportes de agua a los embalses, lo que representa un desafío para Colombia debido al peso de la generación hidroeléctrica en su matriz eléctrica. En periodos de menor disponibilidad hídrica, las plantas térmicas adquieren mayor relevancia como respaldo para atender la demanda.

Por esa razón, uno de los ejes del plan anunciado por el Gobierno es fortalecer la generación térmica, de manera que el sistema cuente con mayor capacidad de respuesta ante una eventual reducción de la producción hidroeléctrica. La administración también busca gestionar las reservas de los embalses para preservar la disponibilidad de agua durante los meses de mayor presión climática.

De la Espriella insistió en que la respuesta no puede limitarse a anuncios y que las medidas deben contar con responsables y plazos definidos. «Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para proteger el servicio y evitar un apagón», afirmó.

Sin embargo, el anuncio del plan preventivo y la solicitud de recursos no significan que el riesgo de racionamiento esté descartado. Su efectividad dependerá de la disponibilidad presupuestal, la ejecución de las medidas, la capacidad real de generación térmica y la evolución de las condiciones hidrológicas.

Desde el punto de vista económico, el mensaje es claro: cuando el aparato estatal actúa tarde, la factura sube para todos. Los $1,2 billones reflejan el costo de corregir una vulnerabilidad que debió estar prevista con mayor anticipación.

Capital busca reglas claras, y el sector energético las necesita con urgencia. La prioridad no es el anuncio, sino que el dinero de los contribuyentes se traduzca en capacidad efectiva, disciplina operativa y continuidad del servicio. Si el plan falla, el golpe no será político: será sobre la productividad, el margen de las empresas y la vida cotidiana de los hogares.

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