Adrián Saporiti pasó más de 20 años como pediatra. Contribuyó a crear el área de terapia intensiva pediátrica en el Hospital de Clínicas y atendió pacientes en el Hospital de Niños y en el Garrahan, donde, según sus propias palabras, «más del 80 por ciento de los pacientes era gente humilde». Ese contacto no fue retórico: fue formativo.
A principios de este siglo, la muerte de su hermano —quien iba a liderar la empresa familiar de insumos para la industria gastronómica— lo obligó a cambiar de rol de forma abrupta. La transición fue incómoda. «Cuando querés insultar a un médico le decís 'comerciante'. Y yo me había convertido en uno», recuerda el empresario, hoy de 69 años.
La incomodidad, en lugar de paralizarlo, lo llevó a hacerse preguntas sobre la reputación del sector y la responsabilidad de quienes lo integran. En 2013, junto a otros empresarios, fundó la Fundación Empujar con un objetivo concreto: acercar capacitación en habilidades blandas y oportunidades de empleo formal a jóvenes de hogares muy pobres. Por sus aulas han pasado más de 7.000 chicas y chicos.
El modelo opera en dos direcciones. Hacia los jóvenes, ofrece formación y seguimiento posterior a la inserción laboral. Hacia las empresas, reduce la percepción de riesgo: «Al empresario le decimos: 'No te preocupes, con este chico no vas a tener problema porque nosotros vamos a estar atrás de él'», explica Saporiti. El resultado, según describe, es que los egresados «terminan siendo los mejores empleados».
A principio de julio egresó una nueva camada de jóvenes capacitados por Empujar, en lo que la organización presenta como parte de su ciclo regular de formación. La iniciativa no se financia con retórica: requiere empresarios dispuestos a contratar y a sostener el vínculo.
Saporiti reconoce que el compromiso del empresariado es desigual. «Me parece que a los empresarios nos hace falta un baño de humildad, de autocrítica», admite, sin eximir al sector de su cuota de responsabilidad en la narrativa negativa que lo rodea.
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La historia de Saporiti ilustra un principio que el mercado suele validar con más eficiencia que el Estado: cuando la empresa privada resuelve un problema de inserción laboral, lo hace con seguimiento, incentivos y rendición de cuentas reales. Más de 7.000 jóvenes conectados al empleo formal representan capital humano productivo, no gasto público.
El dato más revelador no es filantrópico sino estructural: una fundación privada logra lo que años de programas estatales no consolidan, porque alinea incentivos entre el empleador y el trabajador sin intermediación burocrática. Capital busca reglas claras, y también busca talento. Cuando alguien tiende ese puente sin subsidios, el mercado responde.