El Oriente antioqueño concentra una fracción decisiva del suministro eléctrico colombiano. Solo la central El Peñol-Guatapé representa el 10% de la capacidad del sistema interconectado nacional, según los datos de la fuente. A eso se suman los complejos de San Carlos, Playas y Jaguas, todos operando en la misma región.
El contexto es claro: cerca del 70% de la electricidad que consume Colombia proviene de centrales hidroeléctricas. Esa dependencia convierte la salud de los bosques y las cuencas en un asunto de seguridad energética, no solo de política ambiental.
La transición, sin abandonar el agua
Juan Esteban Flórez, vicepresidente de Producción de Energía de Isagen, resume la lógica del sector: «La transición energética no significa reemplazar unas tecnologías por otras, sino complementar capacidades para construir un sistema más sostenible». Las hidroeléctricas mantienen una ventaja estructural: la capacidad de almacenar agua en embalses y regular la oferta cuando cae la generación solar o eólica.
La energía solar ya aporta cerca del 9% de la matriz eléctrica nacional. Las proyecciones del sector estiman que podría representar entre el 30% y el 35% hacia 2030. A eso se suma la biomasa —residuos agrícolas, forestales y pecuarios convertidos en energía mediante cogeneración— como herramienta de competitividad para empresas con vocación agroindustrial.
Jaime Arenas Plata, director del Clúster Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, lo sintetiza: «La hidroeléctrica ha sido siempre la fundamental en Colombia porque es una energía firme, permanente y limpia. Pero en épocas de verano crítico necesitamos una combinación de tecnologías para no depender únicamente del agua».
Conservación como activo productivo
Cornare impulsa desde hace más de una década programas de Pago por Servicios Ambientales como BanCO2, mediante los cuales propietarios de predios en zonas estratégicas reciben incentivos económicos por proteger nacimientos de agua y bosques. En 2025, la estrategia CERCA contaba con 214 promotores comunitarios en 241 veredas. La jurisdicción de Cornare registró una de las tasas de deforestación más bajas del país y avanzó en la restauración de más de 2.500 hectáreas de ecosistemas boscosos.
Diana Henao, directora (e) de Cornare, advierte que «los nuevos proyectos de generación deben equilibrar el aprovechamiento del potencial energético con la protección de los ecosistemas estratégicos que garantizan la disponibilidad del agua».
Lectura de Ágora Capital
El modelo del Oriente antioqueño ofrece una lección que trasciende las fronteras regionales: cuando la propiedad privada tiene incentivos reales para conservar —pago por servicios ambientales, autogeneración, cogeneración—, el resultado es más eficiente que cualquier mandato burocrático. Isagen y los propietarios rurales no protegen bosques por decreto; lo hacen porque el flujo de caja lo justifica.
El riesgo, en cambio, viene del lado político. Colombia enfrenta un gobierno que ha enviado señales contradictorias al sector energético privado. Si el aparato estatal interfiere en la tarificación o frena nuevas licencias, la diversificación que hoy avanza con lógica de mercado podría detenerse justo cuando el país más la necesita. Capital busca reglas claras, y el Oriente antioqueño todavía las tiene.
