Los números primero. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) solicitó $114.6 millones para 2027. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $77.9 millones. La diferencia: $36.6 millones, según quedó documentado en la vista presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el 3 de septiembre.
El recorte golpea con más fuerza al capítulo de inversión. De los $30.4 millones pedidos para equipos y proyectos, el MEF solo recomendó $8.1 millones. Quedan $22.3 millones sin cubrir para 2027, dinero que —según el director general, Víctor Raúl Álvarez— estaba destinado a equipos contra incendios forestales, rescate acuático, rescate en alturas y estructuras colapsadas.
La presión sobre la institución no es teórica. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 24,823 emergencias, unas 4,284 más que en el mismo periodo de 2025 (20,539), un incremento de aproximadamente 20%. Las autoridades bomberiles señalan que necesitan 4,000 bomberos operativos, pero actualmente cuentan con menos de 1,500.
El déficit de personal es otro frente crítico. El BCBP tiene 5,255 personas en total, de las cuales 1,926 son colaboradores remunerados y 3,329 son voluntarios. Álvarez advirtió que en algunas estaciones hay apenas uno o dos bomberos, por debajo de los estándares internacionales.
El caso de las ambulancias ilustra el problema numéricamente. José Lezcano, del Departamento Médico de Atención Prehospitalaria, explicó que activar una unidad requiere seis personas por los tres turnos de trabajo. Para 2027 solo se solicitaron 15 licenciados en urgencias médicas, lo que —según su cálculo— alcanza para activar únicamente dos ambulancias.
Lezcano también denunció que desde 2023 existe una deuda salarial con los profesionales que obtuvieron su título universitario y fueron reconocidos legalmente como licenciados, pero que aún no reciben el salario correspondiente a esa clasificación. Actualmente hay 71 licenciados en urgencias médicas en la institución.
La diputada independiente Yamirelis Chong cuestionó, durante la sustentación, por qué no se han concretado los reconocimientos salariales pendientes, pese a que el tema ya había sido planteado en comisiones anteriores.
El BCBP también solicitó $16.6 millones para transporte, $7.8 millones para equipos de apoyo, $1.7 millones para tecnología y $2.5 millones para construir cinco estaciones nuevas, sobre una red que ya supera las 85 a nivel nacional.
El ajuste del MEF no ocurre en el vacío: cada dólar que el Estado no gasta en un rubro puede destinarse a otro o simplemente no gastarse, y ese es precisamente el ejercicio que corresponde a cualquier ministerio de Hacienda serio. Pero la disciplina fiscal solo se sostiene si se aplica con criterios claros y verificables, no como recorte lineal sobre una función esencial del Estado: la seguridad de las personas y la propiedad.
Cuando el contribuyente financia una institución que atiende un 20% más de emergencias con menos de la mitad del personal necesario, la pregunta no es si el gasto público debe controlarse —debe hacerlo siempre— sino si se está controlando en el lugar correcto. Recortar inversión en equipos de rescate mientras se mantienen deudas salariales sin resolver desde 2023 no es austeridad: es una decisión de prioridades que la Asamblea Nacional deberá revisar con los números, no con promesas, sobre la mesa.
