El gasto trimestral en salud de los hogares mexicanos pasó de 1,135 a 1,605 pesos entre 2018 y 2024, un incremento de 41.4% en términos reales. El dato, citado por el exdirector general del IMSS Germán Martínez en una entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio, resume con precisión el costo que pagan los ciudadanos cuando el aparato estatal no puede estabilizarse.
En ese mismo periodo, el sistema de salud público transitó por al menos cinco modelos distintos: la desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi, la intervención de la UNOPS en compras consolidadas de medicamentos, el IMSS-Bienestar y, más recientemente, Birmex y la Megafarmacia, con nuevos ajustes en distribución y abastecimiento ya en marcha. Cada rediseño buscó corregir al anterior. Vistas en conjunto, las transiciones dibujan un sistema que ha pasado más tiempo reorganizándose que consolidándose.
La consecuencia más visible está en el primer nivel de atención. Los consultorios adyacentes a farmacias crecieron de 13,000 a 18,000 en una década y hoy realizan alrededor de 10 millones de consultas al mes. Su expansión no obedece a una preferencia ideológica por la atención privada, sino a una necesidad concreta: la enfermedad no espera a que concluya una licitación ni a que se redefina el modelo de compra de medicamentos.
La inestabilidad institucional también golpea a la cadena de suministro. Fabricantes, distribuidores y operadores logísticos requieren certidumbre para planear producción y garantizar inventarios. Cuando los calendarios de compras consolidadas se modifican sobre la marcha, todo el sistema opera bajo presión de tiempo. La logística farmacéutica no es comparable con la distribución de bienes de consumo: un medicamento cumple su propósito cuando llega al paciente correcto, en el momento oportuno y bajo condiciones que garanticen su eficacia, no cuando llega a una bodega.
El análisis de Arturo Castillo en El Financiero plantea la pregunta de fondo: ¿cuántas veces puede reinventarse una política pública sin afectar su capacidad de respuesta hacia quienes más la necesitan? La respuesta implícita en los números es que México no ha carecido de ideas para reformar su sistema de salud; ha carecido de tiempo para consolidarlas.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el patrón es conocido: cuando el Estado absorbe un sector y lo somete a ciclos políticos sexenales, el riesgo de discontinuidad se privatiza hacia abajo, hacia los hogares. Un incremento de 41.4% en el gasto de bolsillo en salud no es un dato neutro; es la factura que pagan las familias por cada reinvención burocrática. La libre empresa, en este caso representada por los consultorios adyacentes a farmacias, llenó el vacío que el aparato público dejó. El mercado ya votó. La pregunta que queda es si la clase política tiene capacidad —o voluntad— de construir políticas de Estado que sobrevivan al cambio de administración, o si prefiere seguir cobrando el costo en la economía de los más vulnerables.