La empresa pública Casa 47, creada por el Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar vivienda protegida, ha recibido 131 propuestas de inmuebles en el marco de su primera convocatoria de compra a particulares y empresas. El presupuesto asignado asciende a 100 millones de euros.
Las ofertas llegaron agrupadas en 14 propuestas. Las empresas concentran el 88% de los inmuebles ofertados; los particulares aportan el 12% restante. La distribución geográfica muestra mayor concentración en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura, aunque la convocatoria estuvo abierta a todo el territorio nacional.
El siguiente paso es la revisión documental: solo los inmuebles que acrediten requisitos técnicos, urbanísticos y jurídicos pasarán a la fase de valoración individualizada. Casa 47 evaluará estado de conservación, habitabilidad, adecuación al planeamiento urbanístico y demanda local. Tras esa criba, la adjudicación se resolverá mediante concurso público.
El presupuesto de 100 millones no cubre exclusivamente el precio de compra. También financiará impuestos, gastos de compraventa y, cuando sea necesario, obras de rehabilitación o adecuación antes de incorporar los inmuebles al parque estatal.
Si tras la adjudicación quedara remanente presupuestario, Casa 47 podrá continuar adquiriendo viviendas mediante adjudicación directa hasta agotar los fondos o hasta que el órgano de contratación decida cerrar el procedimiento.
El Gobierno justifica la fórmula de compra de stock existente como una vía más rápida que la promoción nueva, cuyos procesos urbanísticos y constructivos «suelen prolongarse durante varios años», según la fuente. La iniciativa se suma a otras líneas del Ministerio de Vivienda orientadas a ampliar la oferta de alquiler asequible en zonas de alta presión de precios.
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Desde Ágora Capital, los números hablan por sí solos: 100 millones de euros de dinero del contribuyente para adquirir 131 viviendas —si todas superan el filtro técnico— arroja un coste medio superior a 760.000 euros por unidad antes de rehabilitación. El mercado ya votó hace tiempo: cuando la regulación encarece y frena la oferta privada, el Estado no resuelve el problema de acceso; lo administra con cargo al erario.
El modelo de Casa 47 concentra en un único actor público la compra, rehabilitación, gestión y arrendamiento del parque residencial. Capital busca reglas claras, no competidores con presupuesto ilimitado. La pregunta que el Gobierno no responde es si ese mismo capital, liberado vía desregulación urbanística y fiscal, no generaría más vivienda asequible —y más rápido— que cualquier convocatoria pública.