El dólar BCV superó la barrera de los 700 bolívares, según reporta el analista Anthony Hernández en La Patilla. La cifra no es solo un dato cambiario: es el termómetro de un deterioro que golpea al trabajador que cobra en bolívares y paga en una economía indexada al dólar, al comerciante que no puede sostener precios y al productor que intenta sobrevivir en un entorno hostil.
Según el análisis, la destrucción del bolívar no es accidental. Hernández la atribuye a «años de improvisación, opacidad, emisión sin respaldo y destrucción del aparato productivo». El resultado es que ahorrar se volvió imposible, planificar es un privilegio y cobrar un salario en moneda local equivale, en la práctica, a un empobrecimiento acelerado.
El segundo frente de la crisis llegó con el terremoto. Ante una emergencia de gran magnitud, según el mismo análisis, la respuesta oficial combinó «lentitud, improvisación y abandono». Fueron los vecinos, voluntarios y organizaciones civiles quienes asumieron la respuesta inmediata, llenando el vacío institucional. La solidaridad social suplió lo que el aparato estatal no pudo —o no quiso— proveer.
Hernández concluye que ambos hechos —la devaluación y la falla ante el desastre natural— son expresiones de una misma crisis: no de gestión puntual, sino de gobernabilidad y legitimidad. «El aparato estatal luce mucho más preparado para el control político y la propaganda que para atender con eficacia una situación de desastre», escribe.
Lo que el análisis describe como «normalización de la ruina» es, para Ágora Capital, el riesgo más profundo del momento venezolano. Cuando una sociedad acepta que el bolívar se derrumbe sin freno, que los servicios colapsen y que las tragedias encuentren al ciudadano solo, el costo no es solo económico: es la erosión del vínculo mínimo entre Estado y ciudadano.
El libre mercado y la moneda sana no son lujos ideológicos; son condiciones materiales para que una familia pueda planificar, ahorrar y prosperar. Venezuela lleva años sin esas condiciones. Cada escalada del tipo de cambio es una transferencia forzada desde el salario del trabajador hacia las consecuencias de decisiones políticas que nadie ha corregido. El capital, mientras tanto, no espera: busca reglas claras, y Venezuela sigue sin ofrecerlas.