La junta de acreedores de Edyce aprobó esta mañana el plan de reorganización concursal de la empresa metalúrgica, considerada la maestranza más grande de Chile. La compañía, cuya casa matriz opera en Talcahuano, había solicitado el proceso en noviembre del año pasado tras acumular pasivos superiores a $33 mil millones.
Entre sus principales acreedores figuran Hyundai Corporation, la Tesorería General de la República y Banco Santander. La aprobación se obtuvo por «amplias mayorías», según explicó Ricardo Reveco, socio del estudio Carey y asesor legal de la firma ligada a la familia Rocco Quiroz.
«Es una empresa histórica en el mercado específico de las maestranzas», señaló Reveco. «Genera grandes beneficios para todo el país producto de su operación», añadió, destacando la relevancia de Edyce para sectores como minería y obras públicas.
La compañía cuenta con más de 70 años de trayectoria, una capacidad instalada superior a 2.500 toneladas mensuales y participación en más de 4.000 proyectos en sectores que incluyen minería, energía, celulosa, infraestructura portuaria y refinerías. Ha atendido a más de 500 clientes nacionales e internacionales.
En su solicitud de reorganización, Edyce atribuyó su deterioro financiero a «una combinación de factores externos y coyunturales»: la crisis del sector construcción, la «inexistencia de la inversión en proyectos mineros», el encarecimiento de los costos operativos y la desaceleración de la inversión pública y privada. La empresa subrayó que, pese al contexto adverso, ha continuado adjudicándose contratos en minería e infraestructura.
El plan aprobado contempla un «potencial cambio de control», sujeto a la aprobación de la Comisión de Acreedores y el Interventor Concursal. La empresa también argumentó haber mantenido operativos sus equipos automatizados de última generación para evitar su deterioro y estar lista para la reactivación de la demanda.
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El caso Edyce ilustra con precisión el costo real de un entorno de inversión deprimido. Cuando la inversión minera se contrae y el gasto público pierde ritmo, las empresas que viven de esos flujos no tienen colchón: los pasivos se acumulan y el capital de trabajo se agota antes de que llegue el próximo contrato. La reorganización concursal —herramienta de libre mercado por excelencia— permitió que una empresa con reputación técnica probada y activos productivos reales no desapareciera bajo el peso de una coyuntura adversa.
El mercado ya votó: los acreedores prefirieron apostar por la continuidad operativa antes que liquidar. La señal ahora corresponde a quienes diseñan el entorno regulatorio y fiscal que determina si la inversión minera y de infraestructura regresa o sigue postergada. Sin proyectos que ejecutar, ni la mejor maestranza del país puede mantenerse en pie.
