El sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, Ecobici, presentará el próximo 22 de septiembre las primeras mil 500 unidades renovadas en la plancha del Zócalo, coincidiendo con el Día Mundial Sin Auto.
Según explicó Clara Brugada, para esta renovación se destinó una inversión multianual de diez años, de hasta 2 mil 434 millones de pesos. «Se trata de un modelo de contrato abierto. Es importante aclarar que los 2 mil 434 millones son la inversión máxima», señaló.
El esquema define un rango de gasto: un monto mínimo de 978 millones de pesos y un máximo de 2 mil 400 millones. «El gasto final dependerá de los servicios que efectivamente se requieran y se presten, y en ningún caso podrá superar ese máximo», precisó Brugada.
Actualmente, solo una de cada 10 bicicletas del sistema cuenta con localizador satelital GPS. Con el nuevo contrato, las 15 mil bicicletas del sistema tendrán esta tecnología incorporada.
Brugada también detalló un cambio en las reglas de pago al proveedor del servicio. Hasta ahora, si la empresa tardaba en reponer una bicicleta o conseguir refacciones para repararla, no recibía penalización alguna. Con el nuevo contrato, esos retrasos serán sancionados, «porque solo se va a pagar lo efectivo; es decir, aquellas bicicletas que se usen». Según explicó, esto obliga a que las unidades se reparen y vuelvan a estar disponibles con mayor rapidez.
Los números primero: el contrato no es un cheque en blanco. Al atar el pago a bicicletas efectivamente disponibles y usadas, el esquema traslada parte del riesgo operativo al proveedor privado, en lugar de dejarlo enteramente sobre el erario capitalino. Es un principio elemental de cualquier contrato bien diseñado —pagar por resultado, no por promesa— que hasta ahora, según lo descrito, no regía en este servicio.
El mercado ya votó, en cierto sentido, al fijar un rango entre 978 millones y 2 mil 400 millones de pesos: la diferencia de más de 1,400 millones entre el piso y el techo revela cuánta discrecionalidad queda todavía en manos del operador del contrato, y cuánto dependerá de la fiscalización efectiva que ejerzan las autoridades capitalinas sobre el cumplimiento de metas. Para el contribuyente que financia el sistema con recursos públicos, la pregunta relevante no es el monto máximo anunciado, sino si el mecanismo de penalizaciones —recién incorporado— logrará contener el gasto real cerca del piso y no del techo. La localización satelital de las 15 mil unidades, al menos, ofrece una herramienta de auditoría que antes no existía.
