La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 14 de octubre la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2027, con la mayoría de Morena y sus aliados PT y Partido Verde. El dictamen pasó al Senado para su discusión y votación.
La iniciativa limita las deducciones de grandes empresas y establece que las que tengan ingresos mayores a 50 millones de pesos no podrán deducir más del 96.67 por ciento de sus ingresos acumulables. También fija que la amortización de pérdidas de ejercicios anteriores se limite a 50 por ciento de la utilidad, mientras que el límite para deducir intereses netos baja de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal.
En plataformas de transporte y reparto, como Uber, DiDi y Rappi, habrá una tasa fija de retención de 2.1 por ciento de ISR sobre ingresos brutos. En comercio electrónico, la tasa será de 2.5 por ciento para personas físicas y morales. Además, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) amplía el tope de ingresos anuales de 3.5 millones a 5 millones de pesos para personas físicas, y de 35 a 50 millones para empresas.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió que los ajustes buscan «un sistema fiscal más justo, sencillo y eficiente» y que faciliten el pago de impuesto sin crear nuevos gravámenes ni aumentar las tasas existentes. También dijo que las medidas de apoyo incluyen facilidades para pequeños negocios y profesionistas.
La oposición advirtió efectos sobre inversión y liquidez. Yerico Abramo señaló que la reforma afectará a los grandes contribuyentes con límites a lo que pueden deducir y alertó de un riesgo para las inversiones y el crecimiento económico. Héctor Saúl Téllez criticó que los cambios reducirán la liquidez de grupos empresariales mexicanos y que las compañías deberán enterar el ISR de forma completa a Hacienda antes de ver si el SAT devuelve recursos.
Los números primero. El mercado ya votó: cuando el Estado aprieta más la caja de las empresas, la capitalización futura enfrenta un costo inmediato. La señal para la inversión es simple: menos deducciones y más retención equivalen a menos margen para reinvertir.
Capital busca reglas claras. Si el Gobierno de México necesita más recursos, la discusión no debería ocultar quién termina financiando el ajuste: el contribuyente formal y las empresas que operan bajo reglas cada vez más estrechas. Un sistema fiscal más justo no se construye cargando más burocracia sobre la producción, sino protegiendo la productividad y el flujo de capital.
