El gobierno de Colombia retiró de algunas redes sociales los videos que muestran al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de presuntos criminales abatidos por la fuerza pública, tras un fallo judicial.
Una jueza ordenó ocultar temporalmente los videos de cadáveres en bolsas blancas publicados el 2 y 4 de septiembre en la cuenta de Presidencia (@infopresidencia) en Instagram y en todas las redes del grupo Meta. La medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia sobre si el contenido es violento y debe ser retirado permanentemente o no.
Aunque fueron eliminados de las plataformas de Meta, algunas de las publicaciones permanecen en X. El mandatario tiene uno de ellos fijado en su perfil personal.
La publicación del contenido gráfico le costó críticas de la oposición. En un comunicado en X, la autoridad forense nacional rechazó la exposición de cuerpos en bolsas, por constituir una «vulneración a la dignidad humana».
De la Espriella lleva poco más de un mes en el cargo y ha impulsado una ofensiva contra el crimen organizado con apoyo de Estados Unidos, su principal socio militar. En ese lapso ordenó tres bombardeos contra campamentos guerrilleros en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, con un saldo de al menos 42 muertos.
Tras el mayor bombardeo contra presuntos guerrilleros desde 2015, caminó entre los cadáveres en bolsas blancas junto a la cúpula militar colombiana y amenazó a los rebeldes: «Los acabaremos».
El caso deja una señal doble para Colombia. Por un lado, confirma que incluso una política de mano dura puede chocar con límites judiciales y con la exigencia básica de trato digno en la comunicación pública. Por otro, expone el costo reputacional de convertir la violencia en pieza de propaganda estatal.
El mercado no premia la espectacularización del poder, sino reglas claras, autoridad y previsibilidad. Cuando el aparato estatal cruza la línea de la dignidad humana, la discusión deja de ser solo política: también afecta la calidad institucional que exige inversión, seguridad jurídica y orden.