Protección cumple 35 años administrando ahorro pensional en Colombia. La cifra que exhibe la compañía es contundente: 8,5 millones de clientes y $230 billones administrados, equivalentes a 13% del PIB del país. En el último ejercicio, el fondo entregó $13,7 billones en rendimientos a sus afiliados.
Su presidente, Juan David Correa, fue directo en entrevista con El Colombiano: «El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora». Según explicó, el diagnóstico no es nuevo ni partidista: «De tiempo atrás dijimos que una reforma pensional es una necesidad del país. No es una preocupación del gobierno anterior, sino de tiempo atrás».
Los números primero. De cada $100 que recibe un pensionado de Protección, $70 son rendimientos generados por la gestión del ahorro, no aportes originales. La Ley 100, que creó el sistema privado hace tres décadas, permitió que 20 millones de colombianos acumulen hoy $570 billones en cuentas individuales, con rentabilidad real superior al 7,5%. Ese capital, recuerda Correa, no solo financió al Estado: fondeó obras y proyectos empresariales a través del mercado de capitales.
El problema, dice el ejecutivo, es estructural y demográfico. La esperanza de vida en Colombia llegó a 77 años y la tasa de natalidad cayó a 1,4 hijos por mujer. «Se acabó el bono demográfico», resume. A eso se suma la informalidad laboral: de cada 100 trabajadores, solo 35 están cotizando en el sistema pensional, lo que deja a la mayoría de la fuerza laboral sin cobertura futura.
Correa plantea tres pilares que, a su juicio, cualquier reforma debería garantizar: cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal. Su conclusión es que el sistema vigente no cumple hoy con la sostenibilidad, y que la reforma pensional aprobada por el Congreso —actualmente devuelta por la Corte Constitucional para resolver vicios de forma pendientes— «tampoco lo es, porque va a agravar el tema pensional».
Protección, que compite con comisionistas de bolsa, fiduciarias y bancos, controla cerca del 9% del mercado de inversiones del país y ofrece más de 120 alternativas de inversión a sus clientes, incluida exposición a bitcoin según el perfil de riesgo. Es, en los hechos, uno de los mayores acumuladores de ahorro privado de Colombia.
El diagnóstico de Correa pone en la mesa una tensión de fondo: mientras el sistema de capitalización individual demostró capacidad de generar rentabilidad real y financiar el desarrollo del país con el ahorro de los propios trabajadores, la respuesta legislativa a la crisis demográfica avanza hacia mayor intervención estatal sin resolver, según su propio impulsor del sector privado, el problema de fondo.
Capital busca reglas claras, y en pensiones esa claridad hoy escasea. La advertencia de quien administra el ahorro de 8,5 millones de colombianos no es un dato menor para un debate que el Congreso todavía tiene pendiente de resolver tras el fallo de la Corte.
