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Colombia obliga a operadores a alertar llamadas sospechosas: estafas superan $252 millones diarios

La Resolución CRC 8308 de 2026 impone a los operadores móviles identificar fraudes en tiempo real, marcar publicidad y verificar mensajes bancarios. El valor reclamado por estafas telefónicas se triplicó entre 2022 y 2024.
Imagen ilustrativa
lunes 3 de agosto de 2026

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución CRC 8308 de 2026, que obliga a los operadores móviles en Colombia a identificar llamadas sospechosas en tiempo real, marcar las llamadas comerciales, bloquear números irregulares y verificar los mensajes enviados por empresas antes de que lleguen a los usuarios.

El detonante es contundente: las reclamaciones por estafas asociadas a llamadas y mensajes superan los 252 millones de pesos diarios en Colombia, y entre 2022 y 2024 el valor reclamado por ese tipo de delitos se triplicó.

Cómo funcionará en la pantalla del usuario

El cambio más visible será una advertencia directa en el celular cuando el operador detecte comportamientos atípicos en una llamada entrante. El mensaje será: «Alerta de llamada sospechosa». La CRC aclaró que la alerta no confirma que la llamada sea un fraude, sino que actúa como señal preventiva. La señal puede activarse cuando una misma línea realiza numerosas llamadas cortas y repetitivas en un periodo muy corto, patrón frecuente en campañas de fraude telefónico.

Además, las empresas que realicen campañas comerciales deberán registrar previamente los números desde los cuales llaman. El celular mostrará la etiqueta «Llamada con fines publicitarios», permitiendo al usuario decidir si atiende o no antes de contestar.

Bloqueos y verificación de mensajes

La resolución ordena también bloquear llamadas originadas desde números no asignados oficialmente o habilitados solo para recibir comunicaciones. Más adelante, una vez la CRC defina las condiciones técnicas, serán bloqueadas las llamadas internacionales que intenten hacerse pasar por números colombianos, modalidad frecuente para generar confianza entre las víctimas. La medida no afectará a quienes usen el servicio de roaming internacional de manera legítima.

Los mensajes de texto de bancos, comercios, plataformas digitales y entidades públicas también quedan regulados: el remitente deberá estar registrado, usar códigos cortos autorizados y emplear formatos previamente aprobados. Una vez termine el período de transición, los mensajes cuyo origen no pueda verificarse no serán entregados.

Cronograma gradual

La implementación será escalonada. En tres meses comenzará la identificación de llamadas sospechosas y publicitarias, y el bloqueo de números irregulares. En seis meses iniciará el monitoreo de mensajes masivos y entrará en funcionamiento el micrositio pedagógico de la CRC. En doce meses operará el sistema de verificación de mensajes empresariales.

Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC, advirtió que «ninguna herramienta reemplaza la precaución del usuario» y recomendó no responder ni actuar bajo presión ante comunicaciones que pidan datos, códigos o dinero.

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La medida apunta en la dirección correcta: trasladar la carga de verificación hacia los operadores, que son quienes controlan la infraestructura, en lugar de dejar al ciudadano solo frente a un ecosistema de fraude creciente. El dato de que las reclamaciones se triplicaron en dos años revela un fallo de mercado real, y la regulación que lo corrige sin imponer costos directos al usuario merece reconocimiento.

El riesgo, como en toda regulación técnica, está en la ejecución. Los plazos son razonables, pero el historial de implementaciones graduales en Colombia invita a monitorear de cerca si los operadores cumplen en tiempo y forma, o si la norma queda en el papel mientras las estafas siguen drenando el bolsillo de los colombianos.

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