Los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía de Colombia anunciaron que los precios de referencia de la gasolina y el ACPM se mantendrán sin variación durante septiembre. La medida entra en vigor desde el 29 de agosto y cobija los dos combustibles de mayor uso vehicular en el país.
El Ejecutivo justifica la decisión por el terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 330 muertos, más de 4.400 heridos y edificaciones destruidas en el occidente colombiano. Según el Gobierno, congelar los precios evita presión sobre el transporte de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria hacia las zonas golpeadas.
«Detrás de esta decisión está el propósito de apoyar, especialmente, a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Mantener sin aumentos los precios de la gasolina y el ACPM durante septiembre evita que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre quienes más perdieron», afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.
Los números primero. El Gobierno estima que la medida podría representar un ahorro de $152.600 millones para la Nación al cierre de 2026, siempre que se mantengan los supuestos actuales sobre precios de biocombustibles y tasa de cambio. Se trata de una proyección condicionada, no de un resultado garantizado.
El comunicado oficial incluyó además un señalamiento hacia la administración anterior: según el Ejecutivo, el no haber actualizado los indicadores de precios entre mayo y agosto le habría impedido al Estado ahorrar cerca de $58.000 millones. La fuente no detalla mecanismos ni responsables individuales, solo atribuye la omisión a la gestión previa.
Los valores anunciados son precios de referencia, es decir, la base para calcular el precio final en cada estación de servicio. El monto que paga cada conductor puede variar entre municipios según costos de distribución e impuestos territoriales. Para verificar que la congelación se traduzca en la surtidora, Hacienda y Minas pidieron a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales reforzar la inspección y vigilancia en las estaciones de servicio.
El mercado ya votó con los hechos disponibles: la actualización de indicadores —no un subsidio nuevo— es la que habilita el congelamiento sin presión fiscal adicional, según explica el propio comunicado. Eso distingue la medida de un control de precios clásico financiado con caja pública, aunque no la exime del riesgo habitual de estos esquemas: cuando el precio de referencia se desconecta por varios meses de las condiciones reales del mercado, la factura suele llegar después, con ajustes más abruptos.
El trasfondo político tampoco es menor. Al reclamar un ahorro no capturado por la gestión anterior, el actual Gobierno traslada al debate público una discusión sobre disciplina técnica en el manejo de subsidios a combustibles, un capítulo recurrente en las tensiones entre el petrismo y sus críticos sobre el uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La emergencia humanitaria justifica la urgencia; la sostenibilidad de la cuenta fiscal, en cambio, dependerá de que los supuestos de tasa de cambio y biocombustibles no se muevan antes de 2026.
