El Río Tijuana arrastra aguas negras hacia California. Lo hace a cielo abierto, frente a una metrópoli que creció con la maquila y sin infraestructura de saneamiento proporcional. El resultado: playas cerradas en San Diego e Imperial Beach, año tras año.
El problema no es nuevo. Nace con el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1993, Washington exigió condiciones ambientales para ratificar el acuerdo. El resultado fue el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y, en la frontera, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Ambas instituciones surgieron porque el Río Nuevo, en Mexicali, ya arrastraba desechos industriales hacia Calexico. El patrón se repite.
En enero de 2026 el colapso de un colector en Tijuana liberó cerca de 900 litros por segundo hacia California. La cifra confirma que el sistema sigue frágil. Ese mismo año, México y Estados Unidos suscribieron la Minuta 333 del Tratado de Aguas. El instrumento formaliza compromisos que antes eran solo memorandos. La ejecución está prevista entre 2026 y 2028.
La EPA reporta avances trimestrales sobre el llamado «100% Solution». El plan incluye ampliación de plantas tratadoras, construcción de las Compuertas del Río Tijuana y proyectos en las plantas Arturo Herrera y La Morita.
Hay una disputa adicional. Washington ha presionado para replantear la contabilidad del agua superficial. El Tratado de Aguas de 1944 mantuvo separadas dos cuencas: México recibe del Colorado, vía la presa Morelos, el agua que abastece a Tijuana, Mexicali y Rosarito. A cambio, entrega al Bravo los volúmenes que benefician a Texas. Estados Unidos propone compensar las entregas por Morelos contra el déficit acumulado de México en el Bravo. México ha resistido. La fórmula rompería la lógica de cuencas independientes que sostuvo el tratado durante ocho décadas.
El patrón institucional es claro. El TLCAN nunca resolvió la asimetría de capacidades entre ambos lados de la frontera. La apretó con mecanismos paralelos. El T-MEC heredó esa arquitectura incompleta. Hoy organizaciones como Wildcoast presionan para que la revisión del tratado incorpore mecanismos ambientales exigibles, no solo complementarios.
Treinta años de BDAN y COCEF demuestran que las instituciones paralelas ayudan. No bastan.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso del Río Tijuana ilustra un costo real del modelo: el aparato estatal mexicano permitió décadas de crecimiento sin exigir infraestructura de saneamiento como condición del desarrollo. El contribuyente de ambos lados paga hoy esa deuda. Capital busca reglas claras. Las externalidades sin precio son pasivos ocultos que tarde o temprano se facturan, en este caso con playas cerradas y tensiones diplomáticas que erosionan la confianza binacional que sostiene el comercio integrado.