La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta, hace un mes, una normativa que actualiza el listado de actividades complementarias de las operadoras de tarjetas de pago. Entre los cambios apareció una norma que generó ruido en el sector.
La norma establece que la autorización para operar se limita a entidades que actúan conforme al ordenamiento jurídico chileno. Exige, además, permisos o concesiones cuando la ley los requiera.
También aclara que esa autorización no cubre servicios a actividades desarrolladas en el extranjero que, de realizarse en Chile, serían ilícitas. Ahí entran los casinos online no autorizados.
La Corte Suprema ya declaró ilegales las apuestas online no autorizadas en Chile. En paralelo, el gobierno decidió que el Servicio de Impuestos Internos habilite un mecanismo para que plataformas extranjeras se inscriban y paguen IVA por sus operaciones locales.
La presidenta de la CMF, Catherine Tornel, respondió consultas sobre el alcance de la norma en un punto de prensa el viernes. Se le preguntó si los operadores de pago quedan impedidos de ofrecer servicios a los casinos online.
Tornel fue directa. Dijo que la versión en consulta permite prestar servicios solo a actividades legítimas en Chile. Los casinos, explicó, están permitidos únicamente para empresas específicas.
Si el servicio no lo ofrece una de esas empresas autorizadas, no sería legítimo. Por lo tanto, los operadores de pago no podrían prestarle servicios de pago.
Se le preguntó también si la restricción aplica a los servicios de payout, es decir, los retiros de dinero desde las plataformas. Tornel confirmó que sí.
Si la norma se aprueba tal como fue puesta en consulta, los payouts hacia actividades ilegítimas en Chile quedarían prohibidos. Los casinos online no autorizados, dijo, son hoy una actividad ilegítima en el país.
Los números primero: la CMF no está creando una prohibición nueva sobre el juego online. Está alineando a los operadores de pago con una ilegalidad que la Corte Suprema ya fijó.
El mercado ya votó en parte. El gobierno optó por cobrar IVA a plataformas extranjeras en lugar de definir con claridad su estatus legal. Esa ambigüedad es el verdadero problema.
Capital busca reglas claras, no parches regulatorios. Si el Estado quiere recaudar de las apuestas online, primero debe decidir si son legales o no. Cobrar impuesto a una actividad que la justicia declara ilícita, mientras el regulador financiero le corta el flujo de pagos, deja a los operadores y a los usuarios navegando entre normas contradictorias. La seguridad jurídica, no la discrecionalidad de turno, es lo que atrae inversión y protege la propiedad de quienes operan dentro de la ley.
