El Ministerio de Comercio de China anunció que prorrogará seis meses la investigación por supuesta competencia desleal contra las nueces pecanas de México y Estados Unidos. La nueva fecha de término quedó fijada para el 25 de marzo de 2027.
El expediente se abrió por presunto dumping y ya dejó aranceles preliminares de hasta 51.6% para el primer país y de hasta 54.3% para el segundo. Hace un mes, Comercio impuso tasas provisionales de entre 17.8% y 51.6% para las pecanas provenientes de México, después de que «múltiples empresas» de ese país colaboraran con la investigación. En el caso de Estados Unidos, la tasa llegó a 54.3% porque ninguna firma respondió a las pesquisas abiertas por Pekín.
El impacto potencial para México no es menor. Las exportaciones directas de pecanas mexicanas a China sumaron 21.9 millones de dólares en 2024. Además, el Gobierno mexicano indicó que el valor del comercio potencialmente afectado podría ser mayor, porque un volumen importante de nueces se exporta primero a Estados Unidos para luego ser enviado al mercado chino.
Tras el anuncio de los aranceles provisionales, México respondió con tasas a la importación de fertilizantes procedentes de China. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que se tratara de una represalia y sostuvo que el diálogo con las autoridades chinas continúa abierto.
Esta misma semana, Wang Yi y Roberto Velasco se reunieron en Pekín y abogaron por reforzar los intercambios de alto nivel, consolidar la confianza política y profundizar la cooperación bilateral. En paralelo al discurso diplomático, el frente comercial sigue bajo presión.
Para los productores y exportadores, el mensaje es claro: cuando el acceso a un mercado depende de una investigación prolongada y de aranceles de tres dígitos en términos relativos, el margen se estrecha y la planeación pierde visibilidad. El mercado ya votó: más incertidumbre significa menos retorno y más cautela para el capital.
También queda a la vista una realidad incómoda para México. El comercio exterior no se sostiene solo con reuniones y comunicados; necesita reglas claras, certidumbre jurídica y una estrategia que proteja a los sectores que dependen de la libre empresa. Si el aparato estatal no da previsibilidad, el costo termina repartido entre productores, exportadores y contribuyentes indirectamente expuestos a la caída de actividad.
