Los números primero.
Una columna de opinión publicada en El Financiero, firmada por un colaborador invitado, detalla el Plan de Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables presentado el 24 de junio pasado. La meta: sumar 32,000 megawatts de capacidad al 2030. De ese total, 22,000 MW —70%— serán renovables. Al cierre del periodo, 38% de la energía inyectada a la red provendrá de esas fuentes.
Ya se asignaron 55 proyectos que suman 10,883 MW de capacidad y 3,640 MW de almacenamiento. Faltan por adjudicar 9,050 MW antes de que termine el año. Según la columna, eso implica cerca de 100 centrales en construcción para 2027.
Hay avances administrativos concretos. El trámite de permisos de interconexión bajó de 18 a 6 meses. Se eliminaron 23 requisitos. En transmisión se concluyeron 34 proyectos y otros 60 están en ejecución. En distribución se construyeron 33 subestaciones nuevas y 61 ampliaciones.
La inversión total anunciada es de 739 mil millones de pesos, entre pública y mixta. La columna precisa que no afectará el techo de endeudamiento de la CFE y que el Estado mantendrá la propiedad de los activos, sin cederlos ni concesionarlos.
El dato histórico es el que marca el ángulo. Entre 2000 y 2023, la participación pública en generación eléctrica cayó de 99% a 43%, por debajo incluso de la generación privada. Esa tendencia se revirtió con López Obrador. Con Sheinbaum, la meta es que el Estado suministre 61% al 2030.
Hay también electrificación social: 20,377 obras, 12,830 millones de pesos invertidos, más de 600,000 beneficiarios. El programa Techos Solares instaló 5,168 sistemas fotovoltaicos, con ahorros reportados de 38 millones de pesos para más de 16,000 personas.
El mercado ya votó sobre este tipo de arquitectura antes. La apertura de 2000 a 2013 buscaba justamente lo contrario de lo que hoy se celebra: reducir el peso estatal y atraer capital privado con reglas claras de retorno y riesgo país. La columna oficial presenta el regreso al control público como una «rectificación histórica», pero no explica cómo se financiará ese endeudamiento fuera del balance de la CFE sin trasladar el costo, tarde o temprano, al contribuyente o al usuario final.
Capital busca reglas claras, no solo anuncios de megawatts. Cuando el Estado concentra generación, financiamiento y propiedad de los activos, el margen para la inversión privada se estrecha, y con él la competencia que históricamente ha presionado tarifas y productividad. La transición energética es deseable; el modelo elegido para financiarla, con deuda pública y sin capital privado en el centro, es la variable que el mercado seguirá de cerca en los próximos años.
