La banca colombiana encendió las alarmas por el llamado «cártel de las falsas insolvencias», un esquema que, según la investigación citada por El Tiempo y la alerta de Asobancaria, presuntamente manipularía procesos de insolvencia de persona natural no comerciante.
El señalamiento apunta a una operación para crear deudas ficticias, incorporar supuestos acreedores y mover el peso de los votos en las audiencias de negociación. Con esa estructura, el mecanismo podría usarse para aplazar embargos, detener remates y lograr condiciones más favorables para el deudor a costa de los acreedores legítimos.
La maniobra, según la investigación periodística, involucraría a deudores, abogados, firmas jurídicas y presuntos prestamistas que figurarían como acreedores sin que existan obligaciones reales. Entre las personas identificadas en esos procesos habría incluso reclusos de centros penitenciarios, que aparecerían como supuestos prestamistas.
El esquema comenzaría con la captación de personas endeudadas a través de redes sociales, correos electrónicos y servicios ofrecidos por firmas jurídicas. Las promesas incluirían frenar remates, suspender embargos y facilitar la incorporación de obligaciones que no corresponderían a deudas reales.
Una vez vinculado el deudor, se crearían supuestas acreencias mediante pagarés u otros documentos que respaldarían préstamos inexistentes. Para ello, se recurriría a personas que actuarían como prestanombres y aparecerían formalmente como acreedores.
La inclusión de esas obligaciones ficticias permitiría alterar la composición de los acreedores y modificar el peso de sus votos durante las audiencias de negociación. De esa forma, los participantes del esquema podrían conseguir mayorías para imponer condiciones a bancos, copropiedades y otros acreedores que sí entregaron recursos o tienen obligaciones legítimas a su favor.
Las condiciones mencionadas en la denuncia incluirían condonaciones significativas de intereses, reducciones del capital adeudado y plazos de pago que llegarían hasta los 20 años. Para los acreedores reales, eso significaría menos capacidad de oposición frente a propuestas respaldadas por una composición artificial de las votaciones.
Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, pidió investigar estas prácticas, fortalecer la supervisión de los centros de conciliación y proteger a los consumidores que recurren legalmente a estos mecanismos para reorganizar sus finanzas.
Benítez dijo que las alertas no deben llevar a estigmatizar a todos los deudores que acuden a la insolvencia. Según explicó, la mayoría busca una salida legal a sus dificultades económicas y una oportunidad para recuperar su estabilidad financiera.
Los números primero. Cuando un instrumento legal termina rodeado de incentivos para fabricar acreedores, el problema ya no es solo de cumplimiento: es de confianza, costo del crédito y respeto por la propiedad de quien sí prestó dinero. Capital busca reglas claras.
El mercado también deja una lección incómoda para la burocracia concursal: si la supervisión es débil, los mecanismos pensados para ordenar deudas pueden convertirse en una herramienta para transferir pérdidas a terceros. Ahí se juega algo básico para la libre empresa: que las reglas protejan al acreedor legítimo y no a quien encuentra atajos en el sistema.
