México figura entre los diez principales destinos de inversión extranjera directa según la UNCTAD. El dato no es menor: mientras fondos internacionales asignan capital al país, una parte significativa del capital privado nacional espera señales de certeza absoluta que, en cualquier mercado, rara vez llegan.
La columna de Luis Castro Obregón en El Financiero —firmada como opinión personal— articula una tesis que vale la pena desmenuzar con frialdad: el riesgo de no invertir puede ser mayor que el riesgo de invertir.
Los fundamentos que el ruido opaca
México cuenta con un banco central creíble, un sistema financiero sólido, deuda pública manejable y una moneda líquida y profunda. La recaudación ha aumentado en proporción al PIB. La pobreza laboral se ubica en mínimos históricos. Las exportaciones son fuertes y la balanza comercial es positiva. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha mantenido, según Castro Obregón, «una línea de prudencia que preserva el ancla macroeconómica del país».
A eso se suma la reconfiguración de cadenas globales de suministro. La relocalización responde a una necesidad concreta: empresas internacionales buscan acercar producción a Norteamérica, reducir riesgos logísticos y depender menos de Asia. México ofrece geografía, red de tratados comerciales, experiencia manufacturera, costos competitivos, talento técnico y una base exportadora sofisticada. Sectores emergentes como semiconductores, inteligencia artificial, energía y equipos médicos amplían el mapa de oportunidades.
El mercado interno también pesa: 130 millones de personas con ingreso ascendente y demanda sostenida por remesas, empleo estable y crédito.
Los riesgos que no se pueden ignorar
Inseguridad, incertidumbre regulatoria en algunos sectores, presión sobre infraestructura, disponibilidad limitada de energía y agua en regiones clave, y un entorno político y judicial que exige prudencia. Castro Obregón los enumera sin atenuarlos. Tampoco hay reforma fiscal de fondo —que el propio texto califica de indispensable para inversión pública en infraestructura— ni un T-MEC garantizado más allá de la próxima década.
La ejecución micro, advierte el columnista, marca la diferencia entre una inversión mediocre y una extraordinaria: evaluar disponibilidad de energía y agua antes de comprar tierra, blindar contratos, diversificar por región y sector, cuidar cumplimiento legal y fiscal, e invertir en seguridad.
Nuevos instrumentos sobre la mesa
La nueva Ley para la Inversión y la creación de una oficina de inversión desde la Presidencia son los vehículos institucionales recientes. El texto menciona también la visita de Mariana Mazzucato y su enfoque de «misiones» —invertir con dirección, no solo con volumen—, que abriría a empresas medianas y pequeñas acceso a financiamiento de banca de desarrollo, garantías y esquemas de coinversión.
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Desde Ágora Capital, la lectura es más directa: los números ya votaron. El capital extranjero no espera que el Estado resuelva cada variable; calcula, negocia garantías contractuales y entra. El capital privado mexicano que posterga esa misma decisión no está siendo prudente, está cediendo participación y valor a manos de quienes sí asignaron.
El llamado al libre mercado no es ideológico aquí, es aritmético: cuando el flujo de IED entra y la inversión nacional no acompaña, el retorno de la transformación industrial se distribuye hacia afuera. La agenda de reglas claras, contratos respetados y energía disponible sigue siendo la deuda pendiente del aparato estatal; pero mientras esa deuda no se salda, el costo de esperar lo absorbe el empresario nacional, no el gobierno.