El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que el estado ha gastado $19,2 millones en honorarios legales durante los últimos 18 meses para litigar contra la administración Trump. La cifra, presentada por Bonta como una inversión brillante, quedaría justificada —según él— frente a los $207,1 mil millones en fondos federales que su oficina habría «protegido».
El problema con ese razonamiento es estructural. Esos $207,1 mil millones no son dinero rescatado del vacío: representan asignaciones federales de base, fondos de Medicaid, subsidios de transporte y programas de seguridad social que fluyen por fórmulas estatutarias hacia todos los estados del país. Atribuirse el mérito exclusivo de preservarlos porque California firmó demandas colectivas multiestado es, en el mejor de los casos, contabilidad creativa.
Las pérdidas, en cambio, son concretas. El estado perdió $4 mil millones cuando su proyecto de tren de alta velocidad no cumplió los plazos federales. Newsom y Bonta acudieron a los tribunales para recuperar ese dinero y luego abandonaron silenciosamente el caso. Esa cifra no aparece en el balance que Bonta presenta a la prensa.
La asambleísta republicana Natasha Johnson puso los pies en la tierra: mientras la fiscalía quema decenas de millones en litigios de alto perfil mediático, Sacramento alega no tener fondos para implementar la Proposición 36, la medida de seguridad pública aprobada abrumadoramente por los votantes en 2024 para revertir políticas blandas frente al crimen y los mercados de drogas al aire libre.
El costo político también es real. El gobernador Newsom solicitó a Trump $40 mil millones en ayuda federal por los incendios forestales y, casi simultáneamente, firmó legislación para financiar más demandas contra esa misma administración. Según la fuente, esa maniobra deterioró las relaciones con la Casa Blanca y frenó la ayuda del Congreso republicano.
El cuadro se completa con una ironía difícil de ignorar: Bonta se unió a una coalición de 25 estados para demandar las políticas arancelarias federales, argumentando que encarecen la vida de las familias trabajadoras. Al mismo tiempo, California aplica los impuestos estatales a la gasolina más altos del país, tarifas eléctricas disparadas por mandatos de energía verde y una carga regulatoria que, según sus propios críticos, expulsa empresas y residentes de clase media.
---
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra un patrón conocido: el aparato estatal convierte el gasto del contribuyente en una plataforma de visibilidad política. Los $19,2 millones son dinero real, salido del bolsillo de familias que ya soportan el costo de vida más alto de la nación. La «rentabilidad» que Bonta exhibe descansa en fondos que habrían llegado de todas formas, y omite las pérdidas documentadas.
El libre mercado y el estado de derecho no se defienden con demandas diseñadas para generar titulares; se defienden con presupuestos honestos, prioridades claras y rendición de cuentas. Cuando el dinero público desaparece en litigios mientras las calles se deterioran y los votantes ven ignorado su mandato en las urnas, la pregunta relevante no es cuánto se gastó, sino a quién sirvió realmente.