La industria petrolera venezolana necesita más capital del que el Estado puede aportar. Así lo plantea Vicente Brito, quien tuvo una gestión en Fedecámaras. Su diagnóstico es directo: sin inversión privada, la recuperación no es viable.
Los números primero. Quienes calculan las necesidades en cien mil millones de dólares se quedan cortos, según Brito. La cifra real, afirma, supera los doscientos mil millones al considerar los costos totales para recuperar la producción y alcanzar niveles óptimos.
El punto de partida es el reciente acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos. Brito lo describe como una oportunidad concreta. Permitiría reconstruir campos abandonados, reactivar regiones enteras y garantizar un mercado estable a largo plazo.
El impacto territorial que menciona es amplio. Guárico, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Falcón, Barinas, Apure y Zulia figuran entre los estados que recibirían el efecto directo. La demanda de bienes y servicios asociada, sostiene, dinamizaría empresas básicas y sustituiría importaciones.
Brito insiste en que el esquema no compromete la infraestructura financiera de PDVSA. Venezuela obtendría cientos de miles de barriles adicionales, beneficios fiscales y empleo para mano de obra local, según su planteamiento. La infraestructura que reciba inversión permanecería en el país.
Sobre las críticas al acuerdo, Brito pide que el debate se centre en cifras. Reclama una evaluación objetiva de costos, riesgos y beneficios antes de sacar conclusiones. Recuerda un principio básico: quien aporta capital busca recuperarlo y obtener rentabilidad. Es la lógica de cualquier esquema donde el sector privado asume el riesgo de una inversión productiva de gran escala.
Brito recuerda su oposición, durante su gestión en Fedecámaras, a la política estatizadora que —según su relato— destruyó infraestructura y expulsó empresas internacionales. Ese pasado, dice, explica el estado actual de la industria. El acuerdo actual representaría, en su lectura, una redefinición del rol del Estado y una vía para que Venezuela aspire de nuevo a ser potencia petrolera.
El argumento de fondo no es nuevo, pero llega en un momento preciso. Capital busca reglas claras y un horizonte de recuperación de la inversión; sin esa garantía, ningún monto de cien o doscientos mil millones aparece espontáneamente. La historia reciente de la industria venezolana —estatización, éxodo de operadores, campos deteriorados— es el costo que Brito atribuye a haber prescindido de esa lógica durante años.
Queda pendiente lo que las fuentes no resuelven: los términos exactos del acuerdo, la protección legal a los inversionistas y el papel real del Estado venezolano en el reparto de beneficios. Sin esos detalles, el diagnóstico de Brito describe una necesidad real, pero no garantiza por sí solo que el capital privado llegue ni en qué condiciones lo haga.
