El sector fintech encendió las alarmas. Colombia Fintech alertó que el artículo 25 del proyecto de reforma tributaria presentado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, podría incluir retención del impuesto de industria y comercio (ICA) sobre pagos realizados con Bre-B, la infraestructura pública de pagos inmediatos del Banco de la República.
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, fue directo: «Bogotá está a punto de cometer el mismo error que en su momento intentó cometer el Gobierno nacional, ampliando las retenciones o los pagos de impuestos a Bre-B». La advertencia llegó acompañada de cifras que miden el peso real del sistema: más de 110 millones de llaves registradas, 35 millones de usuarios, más de 3,5 millones de comercios y una penetración cercana al 80% de los colombianos. El sistema ya concentra alrededor del 40% de las transacciones que antes se hacían en efectivo, en rangos de entre 10.000 y 50.000 pesos.
Santos también vinculó la discusión con la agenda de ciudad inteligente que la propia Alcaldía ha promovido. «Esta propuesta nos aleja del propósito de esta reforma tributaria de convertir a Bogotá en una ciudad inteligente», señaló, y pidió que el lenguaje del artículo 25 se actualice para que quede «diáfanamente claro» que no habrá impuestos adicionales sobre Bre-B.
La respuesta de la Alcaldía llegó por video. La secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, negó que la reforma contemple esa retención. «En Bogotá no vamos a cobrar ICA por el pago con Bre-B ni con ninguna billetera virtual», afirmó. Fue más lejos: anunció que la propuesta elimina la retención de ICA que hoy pagan los pequeños comerciantes cuando reciben pagos con tarjeta débito o crédito. «Los más pequeños comerciantes no volverán a pagar la retención de industria y comercio al recibir pagos con tarjetas y Bre-B», precisó Cadena.
La funcionaria reconoció que los comentarios del sector llevaron a revisar la redacción. «Agradecemos los comentarios que nos permiten mejorar la redacción del artículo para que no quede duda. Ya estamos trabajando con los ponentes en los ajustes», añadió.
El episodio ilustra una tensión recurrente en América Latina: la tentación de los fiscos locales de capturar flujos digitales con instrumentos tributarios diseñados para la economía analógica. Cuando el aparato estatal extiende retenciones a la infraestructura de pagos, el costo no lo absorbe la tecnología, lo absorbe el comerciante pequeño que ya opera en márgenes estrechos.
Desde Ágora Capital, el desenlace es el correcto, pero el proceso expone un riesgo estructural: que la reforma tributaria distrital llegara al debate público con un articulado ambiguo sobre instrumentos de pago de uso masivo. Capital busca reglas claras. La incertidumbre regulatoria, aunque se resuelva, genera fricción y desincentiva la formalización digital que Bogotá dice querer promover.
