El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) analiza estructurar un paquete de financiamiento de hasta 80,000 millones de pesos —equivalentes a unos 4,600 millones de dólares— para respaldar proyectos de energía renovable y almacenamiento en México, según declaró Jorge Mendoza, director general de la institución.
Los recursos cubrirían cerca de tres decenas de proyectos adjudicados el mes pasado a 18 empresas, la mayoría vinculadas a energía solar. El esquema contempla financiamiento directo o a través de un vehículo financiero aún en evaluación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el propio Banobras.
Mendoza precisó que el gobierno mantiene conversaciones con inversionistas institucionales, fondos de pensiones mexicanos y bancos para estructurar el esquema. Espera cerrar «una parte importante» del financiamiento antes de diciembre de 2026 y la mayor parte en los próximos 12 meses.
El modelo elegido es la asociación público-privada: las empresas privadas se asociarán con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los proyectos. Mendoza reconoció que los participantes privados ven estas asociaciones como una forma de «mitigar riesgos regulatorios y judiciales al trabajar junto con el gobierno».
El grupo también evalúa ofrecer tasas más competitivas a empresas que adquieran maquinaria o componentes fabricados en México, con el objetivo de fortalecer cadenas de suministro nacionales.
En paralelo, Banobras trabaja con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en 18 proyectos carreteros valuados en cerca de 212,000 millones de pesos. Mendoza espera adjudicar 13 de ellos antes de que termine 2026 y los restantes en el primer semestre de 2027.
Sobre el entorno macroeconómico, el director señaló que los grandes fondos internacionales dejan atrás la incertidumbre derivada de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y los riesgos geopolíticos. Agregó que México «terminará en una posición mucho mejor que muchos otros países en materia de comercio con Estados Unidos, integración regional y competitividad».
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La lectura de Ágora Capital. Las cifras son reales y el apetito inversor también; sin embargo, el diseño del esquema revela una lógica que merece escrutinio. El capital privado no llega solo: necesita al Estado como socio, a Banobras como garante y a la CFE como contraparte obligatoria. En la práctica, el contribuyente mexicano absorbe el riesgo de base mientras el upside se reparte con los adjudicatarios. Un mercado eléctrico genuinamente abierto —con reglas claras, sin socio gubernamental forzoso— atraería flujos sin necesidad de que el erario actúe como colchón.
El hecho de que los propios inversionistas admitan que las asociaciones con el gobierno sirven para «mitigar riesgos regulatorios y judiciales» dice más sobre el estado de derecho en el sector energético mexicano que sobre la calidad del proyecto. Capital busca reglas claras; cuando no las encuentra, busca al Estado como escudo. Esa no es una señal de fortaleza institucional: es su ausencia disfrazada de oportunidad.