El brazo agrícola de Legend Holding —el conglomerado detrás de Lenovo— lleva tres años absorbiendo pérdidas promedio de US$70 millones anuales en Australis Seafoods, la salmonera chilena que adquirió en 2019 por US$921 millones. El diagnóstico de su presidente de directorio, Yonggun Huang —conocido en Chile como «Juan Pizarro»—, es directo: la antigua administración ocultó una política sistemática de sobreproducción durante el proceso de due diligence, lo que habría inflado artificialmente el valor de la empresa.
El conflicto legal con el ex dueño, el empresario chileno Isidoro Quiroga, escala en varios frentes. En la vía arbitral, un tribunal del CAM Santiago condenó en 2025 a Quiroga a restituir alrededor de US$300 millones. El 24 de junio, la Corte de Apelaciones anuló ese laudo por un defecto de forma —según Huang, «el tribunal se pronunció sobre algo distinto de lo pedido»—, pero no contradijo el fondo de las acusaciones. Joyvio reinició de inmediato un nuevo proceso arbitral.
En paralelo, la arista penal avanza. La jueza Ximena Rivera, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, citó a las partes a una audiencia de apercibimiento de cierre de investigación para el 14 de agosto. Los vendedores están formalizados por estafa y administración desleal. «El Ministerio Público tiene en sus manos una investigación que es emblemática. No es un caso entre privados: está en juego la garantía que Chile le entrega a los inversionistas», declaró Huang por escrito.
El costo operativo del ajuste es contundente. Tras presentar una autodenuncia por sobreproducción ante la Superintendencia del Medio Ambiente en octubre de 2022, Australis redujo su cosecha a menos de 50 mil toneladas anuales —el nivel más bajo en diez años y más de un 50% por debajo del período 2020-2022—. La compañía ejecuta programas de cumplimiento que incorporan la compensación de más de 120 mil toneladas. Para 2026, la empresa proyecta cosechar entre 52 y 54 mil toneladas. El ajuste ya implicó el despido de más de 1.500 colaboradores.
Huang insiste en que el proceso no busca trato preferencial: «No pedimos un trato especial ni diferenciado, sino imparcialidad de las instituciones».
La lectura de Ágora Capital. Este caso expone una tensión que el capital extranjero pondera antes de comprometer recursos en cualquier jurisdicción: la calidad institucional del sistema de justicia. Cuando un árbitro condena a restituir US$300 millones y una corte de apelaciones anula el laudo por tecnicismo procesal, el reloj corre a favor del litigante con más paciencia, no necesariamente del que tiene razón. Chile construyó décadas de reputación como destino de inversión sobre la base de reglas claras y tribunales predecibles. La audiencia del 14 de agosto será una señal —para bien o para mal— sobre si ese activo sigue intacto.
