Una auditoría forense de Ecopetrol puso bajo la lupa a Ricardo Roa, expresidente de la estatal petrolera; a su pareja, Julián Caicedo, y a María Andrea Vargas Gómez, exjefa de Staff, por una serie de movimientos empresariales que, de acuerdo con una investigación revelada por Semana, plantea interrogantes sobre operaciones, domicilios y origen de algunos recursos.
En el centro de las verificaciones aparecen dos sociedades con un punto en común: una dirección en el norte de Bogotá. Se trata de Sintiendo Huellas, veterinaria fundada en febrero de 2019 por las hermanas Tatiana, María Alejandra y María Andrea Vargas Gómez, y Oslo y Gales SAS, creada a finales de 2024 por María Alejandra Vargas.
La primera empresa funcionaba en la calle 85 n.º 11-64. Según testimonios recogidos por Semana, el segundo piso de la veterinaria habría servido en determinados momentos como una especie de sede paralela de Ecopetrol, donde se desarrollaban reuniones de emergencia con vicepresidentes y presidentes de filiales de la compañía. La versión fue negada por Santiago Vargas Ramos, padre de las fundadoras.
La relación de María Andrea Vargas con Ecopetrol comenzó en 2023, cuando ingresó como profesional júnior. En poco tiempo ascendió a jefa de Staff y se convirtió en una de las personas más cercanas a Roa. Su entorno familiar también quedó conectado con el círculo del hoy expresidente de la petrolera.
Vargas Ramos, empresario y propietario de Negocios Varvill, entregó cerca de $1.500 millones a la Colombia Humana entre 2022 y 2023, según los registros citados en la investigación. Mientras Vargas avanzaba dentro de Ecopetrol, la situación financiera de Sintiendo Huellas siguió otro rumbo: en 2021 reportó ingresos por $813 millones y 21 empleados, pero al cierre de 2024 declaró ingresos y pasivos en cero y registró apenas $3 millones de patrimonio. El establecimiento, además, habría desaparecido físicamente hace unos tres meses.
El local fue desmantelado y cerrado, aunque la matrícula mercantil continúa activa. Ese cierre coincide con la aparición de una nueva sociedad vinculada a la familia Vargas.
El 2 de diciembre de 2024, María Alejandra Vargas constituyó Oslo y Gales SAS, una empresa cuyo nombre corresponde a los nombres de los gatos de Roa y Caicedo, presentados públicamente días antes. La sociedad arrancó con un capital suscrito y pagado de $400 millones.
La auditoría observa los movimientos posteriores: al año siguiente, Oslo y Gales reportó ingresos por $900 millones, activos superiores a $637 millones y 34 empleados. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, los estados financieros de las hermanas Vargas reflejan deudas y créditos en mora que no permitirían establecer con claridad un patrimonio suficiente para explicar el origen del capital inicial de la compañía.
A eso se suma el domicilio registrado por Oslo y Gales: nuevamente, la dirección de la calle 85 n.º 11-64, donde había funcionado Sintiendo Huellas. La investigación señala que en ese lugar no aparece un establecimiento comercial identificado con el nombre de Oslo y Gales, ni existen una página web o canales públicos de la compañía que permitan identificar una operación abierta al público.
También hay dudas sobre el objeto inicial de la sociedad. Oslo y Gales fue matriculada bajo actividades relacionadas con otros servicios personales y transporte de carga por carretera. Solo hasta el 16 de enero de 2026 solicitó modificar esas actividades para incluir servicios veterinarios y almacenamiento.
Los movimientos empresariales hacen parte de las verificaciones que adelanta Ecopetrol dentro de una auditoría forense encabezada por Ricardo Rodríguez Yee, integrante de la junta directiva de la compañía y exvicecontralor. Las pesquisas de la Dirección de Cumplimiento derivaron en un informe relacionado con María Andrea Vargas que ya fue compulsado a la Fiscalía General de la Nación.
El caso ocurre además en medio de otros cuestionamientos que rodean a Roa. El expresidente de Ecopetrol será acusado el próximo 30 de octubre por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, según lo señalado en la investigación.
Desde la óptica del mercado, el episodio vuelve a poner el foco en algo elemental: cuando una empresa estatal y sus círculos cercanos quedan atrapados en dudas sobre domicilios, capitales y relaciones de poder, el costo lo asume el contribuyente y se erosiona la confianza en la administración de activos públicos. Capital busca reglas claras.
La señal para la libre empresa también es incómoda. Si los flujos, el origen del dinero y el uso real de una sociedad no pueden explicarse con transparencia, la productividad se subordina a la opacidad y el riesgo país institucional sube. El mercado ya votó: exige trazabilidad, controles y menos espacio para la burocracia sin rendición de cuentas.
