Los números son elocuentes. Brasil opera 2.100 megavatios de capacidad instalada en centros de datos, Chile alcanza 624 MW y la Argentina registra apenas 73 MW, según datos de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield. En cantidad de instalaciones, el contraste se repite: 215 centros en Brasil, 64 en Chile y 45 en la Argentina.
«Hay que entender que hoy la Argentina es un país que no está muy desarrollado en todo lo vinculado al procesamiento de datos», advierte Noelia Miranda, directora de Secure Power para Argentina, Paraguay y Uruguay de Schneider Electric. El diagnóstico es el punto de partida, no el destino al que apunta el sector.
La demanda que empuja la brecha es conocida: el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y la adopción masiva de aplicaciones como ChatGPT o Gemini exigen capacidad de procesamiento, almacenamiento y energía a una escala sin precedentes. «La demanda por procesamiento de datos no hace más que crecer», sintetiza Víctor Valle, ex director general de Google en el país y hoy al frente de la consultora Pieper AI, quien agrega que hay proyectos concretos en evaluación para construir centros de datos en el país.
Entre las señales más resonantes figura la carta de intención que OpenAI firmó con Sur Energy —liderada por el empresario Emiliano Kargieman, fundador del unicornio Satellogic— para desarrollar un centro de datos en la Patagonia. El proyecto implicaría una inversión de hasta 25.000 millones de dólares, según se anunció, con el objetivo de atender la demanda regional de herramientas de IA. La fuente que reporta el acuerdo lo sitúa en «octubre de 2025», fecha que genera dudas de consistencia editorial; no hubo confirmaciones adicionales sobre avances, aunque se describe como una apuesta de largo plazo en curso.
YPF también se sumó al interés. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, señaló que la compañía estudia montar un centro de datos aprovechando el gas excedente de Vaca Muerta y la experiencia de su filial YPF Luz. Adicionalmente, YPF firmó un acuerdo con Tesla para analizar oportunidades de colaboración tecnológica.
En el plano regulatorio, el 25 de junio la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley de Súper RIGI, que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias —incluida la infraestructura tecnológica y digital— para proyectos con desembolso mínimo de 1.000 millones de dólares. El esquema ofrece una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, reducciones de IVA, exenciones aduaneras para bienes de uso y liberación gradual en la liquidación de divisas de exportación.
«Así como en otras etapas del desarrollo económico fueron estratégicos los puertos, las rutas o los ferrocarriles, hoy los centros de datos, la conectividad y la energía son activos clave para el crecimiento de la economía del conocimiento», sostiene Pablo Fiuza, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de Software.
Desde Ágora Capital, la lectura es directa: la Argentina llega tarde a esta carrera, pero llega con activos reales —energía barata, talento técnico, geografía— y, por primera vez en años, con un marco fiscal que no castiga la inversión grande. El Súper RIGI no es un subsidio; es la remoción parcial de la carga que ahuyentó capital durante décadas. Si el Senado lo convierte en ley sin mutilarlo, el diferencial de 73 MW frente a Brasil dejará de ser una condena y pasará a ser una oportunidad de arbitraje. El capital ya está mirando; la pregunta es si el Estado sabrá quitarse del camino a tiempo.
