Los números hablan antes que los discursos. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz, estimó que en 2026 el sector exportará entre US$9.500 millones y US$10.000 millones, y que entre 2033 y 2034 esa cifra podría superar los US$30.000 millones. Lo dijo en el segundo encuentro de Minería organizado por LA NACION.
El catalizador inmediato es el cobre. Cacciola subrayó que Argentina cuenta con seis proyectos listos para entrar en construcción, una posición que, según el directivo, ningún otro país puede ofrecer en este momento: proyectos vírgenes con recursos naturales disponibles y capacidad de arrancar rápidamente.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está detrás de buena parte de ese impulso. Hasta la fecha se presentaron inversiones por US$40.000 millones bajo ese esquema, de los cuales US$20.000 millones ya cuentan con aprobación. De ese monto, US$26.000 millones corresponden al cobre, US$11.000 millones al litio y el resto a oro y plata, según detalló Cacciola.
El litio, por su parte, ya transita un «camino ascendente permanente desde 2022», con producción que se multiplica año a año. Junto al cobre, representa el eje del boom minero argentino, mientras que el oro y la plata llevan más tiempo consolidados como principal rubro de exportación del sector.
El RIGI vence a mediados del año próximo. Cacciola instó al sector a aprovechar el tiempo restante para presentar los proyectos habilitables, pero también reclamó que algunos de sus beneficios se vuelvan «permanentes». «No se acaba la minería con estos proyectos que se presentaron al RIGI, hay muchos más. Tenemos que pensar en una minería para 100 años como mínimo», afirmó.
En materia de empleo, el potencial es significativo: el sector pasaría de los 116.000 empleos directos e indirectos actuales a 300.000 en el corto plazo, y Cacciola estimó que, con el efecto multiplicador sobre proveedores provinciales, se podría alcanzar «un millón de trabajos en total» en cuatro o cinco años.
El presidente de la CAEM también señaló la necesidad de resolver déficits de infraestructura, en particular para garantizar que los futuros proyectos sean competitivos «para salir por puertos argentinos». Reconoció que la ley de inversiones mineras es «excelente», aunque advirtió que en los últimos años no se cumplió; asegurar su aplicación, dijo, puede blindar al sector de los vaivenes políticos.
Desde Ágora Capital, la lectura es directa: cuando el Estado ordena sus cuentas y ofrece reglas estables, el capital llega solo. El equilibrio fiscal de la administración Milei, combinado con un RIGI que ya movilizó US$20.000 millones aprobados, demuestra que la desregulación y la seguridad jurídica no son retórica: son el precio de entrada para inversores de Europa, Asia y Estados Unidos que, según Cacciola, ya mostraron interés concreto. El desafío ahora es convertir esa ventana en arquitectura institucional permanente, antes de que el ciclo político vuelva a cerrarla.
