El Gobierno argentino retiró el proyecto de reforma de la ley de Tierras que buscaba flexibilizar las restricciones a la adquisición de suelo rural por parte de extranjeros. El retroceso dejó intacta una norma aprobada durante el kirchnerismo que, quince años después, sigue condicionando el flujo de capital hacia el agro.
El mito del 20% que nunca existió
Cuando el kirchnerismo impulsó la ley, sus promotores argumentaban que el 20% del territorio nacional estaba en manos de empresas foráneas. Tras la aprobación y su reglamentación, el registro comprobó que el promedio nacional de propietarios extranjeros no superaba el 5%, diez puntos porcentuales por debajo del límite del 15% fijado por la propia norma. La restricción se construyó sobre una cifra que no tenía respaldo.
El precio de regular: caída del valor de los activos
José Álvarez, conocido en X como @bumpercrop, vincula el origen de la ley de Tierras con la implantación del cepo cambiario. Desde entonces, el precio de la hectárea en la pampa húmeda registró una fuerte caída. La lógica es directa: las regulaciones que limitan la demanda comprimen el valor de los activos. Sumado al aumento exponencial de los Derechos de Exportación en ese período, el resultado fue una erosión sostenida del sistema agroindustrial.
Capital disponible, destino bloqueado
Tres cuartas partes del territorio argentino son áridas o semiáridas. Transformarlas en productivas requiere inversión en riego, recuperación de suelos y tecnología. El capital nacional, por sí solo, no alcanza para poner en valor millones de hectáreas en la Patagonia, Cuyo, el NOA o el oeste arenoso.
Mientras tanto, el tablero internacional se mueve. Empresas europeas, presionadas por las regulaciones del llamado «Pacto Verde» de Bruselas, están evaluando radicarse en Argentina para exportar a la Unión Europea con estándares científicamente sólidos pero sin los extremos burocráticos del regulador europeo. Un ejemplo concreto: el grupo español Vall Companys invirtió US$14 millones en el Grupo Pacuca para crecer en el mercado local e internacional.
La reciprocidad que nadie menciona
La familia Buratovich, empresa argentina, está presente en Australia desde 2018 y hace unos meses adquirió unas 147.000 hectáreas ganaderas en el norte de ese país por US$44 millones, según medios australianos. Del otro lado del mundo, nadie se escandalizó. Australia lleva décadas con una premisa clara: sin libertad de comercio y respeto a la propiedad privada no se construye desarrollo.
Uno de los mayores opositores a la reforma fue el senador Martín Lousteau, señalado como autor intelectual de la resolución 125 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es simple: Argentina volvió a elegir la regulación sobre el retorno. Una ley edificada sobre datos que nunca se verificaron sigue determinando qué capital puede entrar y cuál no, en un país donde tres cuartas partes del suelo esperan inversión para volverse productivas. El mercado ya votó hace quince años: el precio de la tierra cayó, la inversión forestal no llegó y los puestos de trabajo que generó Botnia fueron para los uruguayos. Cuando el Estado restringe la demanda de activos, el contribuyente y el productor pagan la cuenta. Capital busca reglas claras, y Argentina acaba de recordarle que aquí todavía no las hay.