Los números primero. Al 31 de marzo, los residentes argentinos tenían activos financieros externos por US$499.098 millones, según el Indec. Más de US$250.000 millones de ese total están en billetes, cajas de seguridad y cuentas fuera del sistema financiero local: casi cinco veces las reservas brutas del Banco Central.
No es un dato menor. Es, según plantea una columna publicada en La Nación, la evidencia de que la Argentina no tiene un problema de ahorro sino de plazo. El país acumuló capital durante décadas de inestabilidad; lo que le falta es el puente que conecte ese stock con la inversión productiva.
La etapa de estabilización, sostiene el texto, ya está encaminada: la inflación desciende, el equilibrio fiscal ganó credibilidad y el riesgo país volvió a niveles que reabren el acceso al financiamiento. El debate, entonces, mudó de cómo estabilizar a cómo crecer.
Ahí aparece la restricción estructural. El crédito al sector privado equivale hoy a 12,7% del PBI entre pesos y dólares, frente a más de 100% en Chile, 75% en Brasil y cerca de 60% en Paraguay y Bolivia. La recuperación desde el piso de 4,8% de comienzos de 2024 fue veloz, pero medido contra el producto el crédito argentino no es hoy sustancialmente mayor al de comienzos de los años noventa.
La diferencia con Chile no es cultural ni de virtud ahorrista, según el análisis: las AFP chilenas manejan cerca del 70% del PBI en ahorro previsional, y eso es lo que produce demanda de papel largo. La nacionalización de las AFJP en Argentina fue, en esa lectura, un error costoso que ninguna administración posterior logró revertir. Sin inversores institucionales con pasivos largos, no hay quien financie plazos largos: ningún sistema puede prestar a diez años fondeándose a treinta días.
Dos desarrollos apuntan, sin embargo, en la dirección correcta. El primero es fiscal: mientras el Tesoro sostenga superávit financiero, absorbe menos crédito y libera capacidad de préstamo para el sector privado. El segundo es el Fondo de Asistencia Laboral, que debuta en noviembre y funcionará como un ahorro obligatorio gestionado por fondos comunes y fideicomisos privados, con horizonte más largo que un depósito a treinta días.
El mercado ya votó parte de esta historia: la baja del riesgo país reabrió el acceso al financiamiento externo. Pero el verdadero indicador de madurez, según el planteo, no es esa cifra sino el plazo al que la economía está dispuesta a financiarse a sí misma.
Hay una lectura de fondo detrás de estos números. El ajuste fiscal disciplinó el flujo —déficit, emisión, inflación— y eso es lo que permitió que el riesgo país cediera. Pero la profundidad del mercado de capitales no se decreta: se construye devolviendo al ahorro privado los vehículos de largo plazo que el Estado le confiscó hace más de una década. Cada punto de PBI que el Tesoro deja de absorber es un punto que el sector privado puede prestarse a sí mismo, y cada reforma que libera al ahorro previsional de la administración estatal es un paso hacia una curva de pesos que sirva de referencia real.
La Argentina estabilizó el flujo. El stock de capital ya existe, ocioso, fuera del sistema. El desafío que queda —construir el mercado que lo convierta en crédito productivo— depende menos de la tasa de interés que de si el Estado se anima, esta vez, a no volver a apropiarse del ahorro de largo plazo de los argentinos.