Hugo Aguilar Ortiz cumplió un año como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista con Infobae México hizo un balance. Los números primero.
La Secretaría General de Acuerdos aplica ahora un filtro más estricto. Los asuntos que no fijan un criterio útil ya no se admiten. Esa decisión redujo en alrededor de 30% los expedientes que ingresan a la Corte.
Aguilar reconoció que los egresos ya rebasan los ingresos de casos. Puso un ejemplo concreto: un trámite que antes tardaba tres meses hoy se resuelve en 15 a 20 días. Mencionó también un engrose que llevaba dos años sin concluirse. Todavía existe un expediente con cuatro años de rezago.
Entre los cambios atribuidos a su gestión hay un sistema informático para turnar asuntos de forma aleatoria. También el seguimiento de expedientes por código QR. La digitalización avanza de forma progresiva, según explicó, sin dejar fuera a quienes no tienen acceso a internet.
Ese esfuerzo de austeridad chocó con un frente incómodo. El seguro de gastos médicos mayores de 288 trabajadores de la Corte generó polémica. La propia presidenta Claudia Sheinbaum tocó el tema públicamente. Aguilar respondió que hubo información parcial. La restitución del seguro solo se aplicará si hay suficiencia presupuestaria. El déficit de este año es de 130 millones de pesos. «No es una decisión tomada», insistió. Aclaró que la medida no involucra a los ministros.
Sobre las camionetas adquiridas al inicio de su gestión, otro señalamiento que apareció en el informe de Sheinbaum, Aguilar defendió que fueron vehículos de gama baja. Se compraron tras dictámenes técnicos ante unidades en mal estado. Ya fueron reasignadas a jueces y magistrados con mayor necesidad.
La entrevista destapó otro debate. Una fotografía de la ministra Lenia Batres con el empresario Carlos Slim reavivó señalamientos sobre un posible cabildeo empresarial dentro de la Corte. Aguilar defendió una «política de puertas abiertas» con sindicatos, empresarios, banqueros y periodistas. Anunció foros públicos a partir de septiembre para transparentar ese diálogo. Fue enfático: «No puedo decir que hay un sector que incide» en las decisiones del pleno.
Queda un frente más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige eliminar la prisión preventiva oficiosa. Aguilar se comprometió a resolver el tema antes de que termine el año. Evitó adelantar el sentido del fallo.
El mercado ya votó sobre el estado de derecho mexicano hace tiempo: exige reglas claras y previsibles, no promesas de austeridad selectiva. Un Poder Judicial con déficit de 130 millones de pesos, seguros médicos en suspenso y camionetas bajo escrutinio no transmite la solidez institucional que exige la inversión de largo plazo.
El diálogo con empresarios no debería ser motivo de sospecha per se. La opacidad, sí. Capital busca reglas claras, y una Corte transparente sobre sus vínculos con el sector privado —no una que se defienda de fotografías— es la que da certeza jurídica a quien invierte en México.