Los números hablan antes que los discursos. El pasado jueves, 168 de los 218 miembros de la bancada republicana en la Cámara de Representantes —el 77% del bloque— enviaron una carta al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para fijar cuatro condiciones mínimas en la revisión del TMEC: acceso ininterrumpido de productos estadounidenses a México y Canadá; eliminación de barreras no arancelarias impuestas por Ottawa y Palacio Nacional; atención a las prácticas comerciales de China y otros países; y alineación de los aranceles mexicanos y canadienses con los de Estados Unidos.
La carta, promovida por el representante Rudy Yakym (Indiana), no es un gesto simbólico. La avalan 23 de los 26 miembros republicanos del Comité de Medios y Procedimientos —responsable del tratado en la cámara baja—, el 80% de los comités de Agricultura, Energía y Comercio, y 17 de los 20 presidentes de comité. El mensaje implícito: aunque el Congreso ha dejado actuar a Trump en materia arancelaria sin objeción, la política comercial sigue siendo atribución legislativa.
En México, el secretario Ebrard ha repetido durante más de dos meses que los aranceles serán una constante para quienes hagan negocios con Estados Unidos, y que el objetivo es obtener el mejor trato arancelario posible frente al resto del mundo. Algunos observadores en Canadá han cuestionado, según recoge la fuente, si México ha aceptado que el TMEC se transforme en acuerdos bilaterales, como pretende Trump.
El flanco chino complica el cálculo. Durante el primer semestre del año, las importaciones chinas representaron el 7.2% del total de compras externas de Estados Unidos. En México, esa cifra llegó al 17%, aunque cayó tres puntos en seis meses tras los aranceles que el gobierno mexicano impuso desde enero. México sigue siendo el principal comprador de autos chinos en el mundo y uno de los diez mayores importadores de productos chinos a nivel global. Una solución que iguale los aranceles de ambos países frente a China implicaría, según la fuente, un costo mayor para la economía mexicana que para la estadounidense.
En materia de barreras no arancelarias, resolver las prioritarias para Washington requiere cambios en leyes mexicanas que el Congreso debe aprobar, lo que exige el aval de la presidenta Sheinbaum. Luego de meses sin avances, Estados Unidos escaló la negociación directamente con Palacio Nacional. Sheinbaum ha recibido a Greer en dos ocasiones y se espera al menos una reunión más antes de que termine el año.
La lectura de Ágora Capital. El verdadero riesgo para México no es el nivel arancelario que negocie Ebrard: es la arquitectura del acuerdo que quede en pie. Una renegociación que reduzca al país a proveedor de insumos y bienes de bajo valor agregado —como señala la fuente— erosiona la base productiva a mediano plazo. Capital busca reglas claras, y una negociación donde el socio mayor fija las condiciones unilateralmente no es un tratado de libre comercio: es una cadena de suministro con nombre diplomático. El mercado ya votó sobre la incertidumbre; lo que falta es que Palacio Nacional entienda que el costo de ceder en barreras no arancelarias y en política frente a China no se mide en puntos arancelarios, sino en soberanía regulatoria y en el tipo de economía que México quiere ser.