El Gobierno proyecta inversiones indicativas por $38,7 billones para el Eje Cafetero en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La cifra fue presentada en Pereira, durante el primer Encuentro Regional, como parte de una agenda orientada a la reconstrucción y la reactivación económica de Caldas, Risaralda y Quindío.
La iniciativa llega en un contexto especialmente sensible: la región quedó afectada por el terremoto del 10 de agosto. Según el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, la agenda contempla reconstrucción de infraestructura y servicios, además del fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales.
Pero el número que importa para medir el verdadero esfuerzo fiscal es otro. La regionalización de inversión publicada por el Departamento Nacional de Planeación permite comparar cuánto dinero de inversión pública se asigna de forma anual a cada territorio. Bajo esa referencia, el Eje Cafetero recibió $3,69 billones en 2019, primer presupuesto del gobierno de Iván Duque; $2,85 billones en 2023, primer presupuesto de Gustavo Petro; y $2,90 billones para 2027, primer PGN del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Eso significa que la asignación de 2027 es 2% superior a la de 2023, pero 21,4% inferior a la de 2019. En otras palabras, la promesa política de $38,7 billones convive con una realidad presupuestaria todavía más ajustada para la región.
Por departamentos, la comparación también deja una foto mixta. Frente a 2023, la asignación de 2027 para Caldas disminuye 1,9%; Risaralda aumenta 12,6%; y Quindío baja 5,3%. Para 2027, Caldas concentra $1,28 billones; Risaralda, $1,02 billones; y Quindío, $596.682 millones.
Planeación Nacional añadió que el portafolio de 334 grandes proyectos en todo el país alcanza aproximadamente $535,1 billones, aunque aclaró que esas iniciativas tendrán distintas fuentes de financiación. En el caso del Eje Cafetero, las apuestas apuntan a reducir costos logísticos, conectar la región con nuevos mercados, ampliar la capacidad productiva y atraer inversión. El Gobierno estima que ese portafolio podría generar cerca de 151.000 empleos.
El problema es que la región no vive de promesas globales sino de ejecución concreta, tiempos de obra y asignación presupuestal verificable. Capital busca reglas claras: cuando el Estado habla de reconstrucción, el mercado y los contribuyentes miran si el aparato estatal realmente convierte anuncios en inversión efectiva.
También hay una alerta fiscal que no se puede ignorar. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que el déficit cerraría este año en 7,8% del PIB y subiría a 9,5% en 2027, el nivel más alto de la historia. En ese entorno, cada billón prometido compite con una restricción real de caja y con la necesidad de priorizar bien el dinero de los contribuyentes.
