El economista José Toro Hardy, exdirectivo de Pdvsa, sostiene que el riesgo político y judicial —no la falta de reservas— es lo que mantiene alejadas a las grandes petroleras de Venezuela. «La razón por la cual las empresas grandes no están entrando a Venezuela es porque el riesgo país es muy alto y ellos han tenido en el pasado muy malas experiencias», afirmó en entrevista con El Nacional.
Los números primero. JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos, coloca a Venezuela como el país de mayor riesgo del mundo para los inversionistas. No es una opinión aislada: Exxon y ConocoPhillips fueron nacionalizadas, luego firmaron contratos, invirtieron, vieron cómo les cambiaban las condiciones, fueron expropiadas y, tras ganar arbitrajes internacionales, tampoco recibieron el pago correspondiente.
En ese contexto se firmó un acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez que otorga concesiones sobre 17 yacimientos con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles a una compañía dirigida por Alejandro Betancourt. Toro Hardy no duda de la conexión: «No me cabe la menor duda de que esa es la razón» por la que Washington aceptó ese esquema, dijo, ante la negativa de las majors a entrar.
El propio presidente Donald Trump había exigido a las petroleras invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela en una reunión con ejecutivos del sector en la Casa Blanca. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, respondió señalando la doble confiscación de activos de su empresa y condicionó cualquier tercer ingreso a cambios reales en el marco legal, no a promesas. Representantes de ConocoPhillips, Shell, Hilcorp, Eni y Repsol estuvieron en la misma sala y compartieron las mismas dudas.
Sin las majors, el terreno quedó para empresas medianas y pequeñas cuya capacidad financiera real genera dudas, según el propio Toro Hardy. Se habla de una posible garantía del gobierno estadounidense para esos inversionistas, aunque no hay datos precisos sobre su alcance. El experto calcula que una recuperación de los campos ya perforados —muchos vandalizados o sin mantenimiento— podría sumar 400.000 barriles diarios en más de un año con inversión limitada; los greenfields de la Faja del Orinoco, en cambio, exigen desembolsos mucho mayores que esas firmas menores difícilmente pueden asumir solas.
Toro Hardy fue categórico sobre la secuencia correcta: primero elecciones, gobierno legítimo, separación de poderes, respeto a los contratos y a la propiedad privada, y la abolición del término «expropiación» del vocabulario de política pública. Solo así, sostiene, hubieran regresado las empresas que realmente tienen los recursos para desarrollar la industria.
El mercado ya votó, y lo hizo con ausencia. Cuando un Estado expropia dos veces y no paga los laudos que pierde, ningún acuerdo bilateral opaco sustituye la garantía que solo ofrece el imperio de la ley. Capital busca reglas claras, no intermediarios de capacidad incierta ni avales que, en la práctica, terminan trasladando el riesgo venezolano al contribuyente estadounidense. La opacidad del pacto con Rodríguez y Betancourt no resuelve el problema de fondo: sin propiedad privada protegida, el petróleo seguirá bajo tierra y el capital seguirá esperando en la puerta.
